El gobierno de la provincia de Neuquén despidió a un empleado público tras comprobarse que había amenazado de muerte y ejercido violencia laboral de manera sistemática contra compañeros y superiores. La medida, que se enmarca en la política de tolerancia cero impulsada por la gestión de Rolando Figueroa, fue adoptada luego de un sumario administrativo iniciado el 9 de abril de 2025, en el que se reunieron pruebas y testimonios contundentes sobre la conducta del agente.

Carlos Roberto Cides, quien se desempeñaba en el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, fue calificado como un agente de "alto riesgo" por la Oficina de Intervención en Violencia Laboral. Según la documentación oficial, entre julio de 2024 y abril de 2025, Cides incurrió en hechos de violencia laboral continuados y sistemáticos, afectando tanto a sus pares como a sus superiores jerárquicos. Seis testigos presenciales declararon haber sido víctimas directas de amenazas e intimidaciones, lo que llevó a la Junta de Disciplina a recomendar la cesantía.

Como medida preventiva, el agente fue suspendido sin goce de haberes mientras avanzaba el sumario. Cides impugnó judicialmente la suspensión y solicitó su reincorporación, pero el Juzgado Procesal Administrativo N.º 1 rechazó su pedido, argumentando que el caso afectaba al interés público. La Junta de Disciplina fundamentó la decisión en la gravedad y continuidad de las conductas, la multiplicidad de personas afectadas y la falta de reconocimiento o disposición a modificar su comportamiento por parte del agente.

El equipo profesional de la Oficina de Intervención en Violencia Laboral, integrado por especialistas en psiquiatría, psicología, trabajo social, derecho y recursos humanos, advirtió sobre la actitud refractaria de Cides y la necesidad de su separación definitiva para preservar la integridad de los trabajadores y el funcionamiento del servicio público.

Este caso se inscribe en el contexto de una serie de despidos en la administración pública neuquina, orientados a erradicar la indisciplina y la violencia laboral. La decisión ha sido defendida por las autoridades provinciales como un paso necesario para garantizar un ambiente laboral seguro y eficiente, y marca un precedente en la aplicación de políticas de recursos humanos en el sector público de Neuquén.