Desde este lunes, los usuarios de colectivos en la provincia de Buenos Aires enfrentan un aumento del 11,16% en el precio de los boletos, una medida que impacta especialmente en el Área Metropolitana y ciudades como La Plata. El ajuste, formalizado por el Ministerio de Transporte bonaerense tras una audiencia pública, responde a la suba del gasoil y a la limitada capacidad de la provincia para sostener los subsidios al sector.

El nuevo cuadro tarifario eleva el boleto mínimo en La Plata a más de $1.000 para quienes utilizan la tarjeta SUBE registrada, mientras que en el resto de la provincia el valor es de $968,57. Para los tramos más largos, el costo puede superar los $1.700. El incremento se compone de una actualización automática mensual —que suma la inflación del mes anterior más un 2% fijo— y un adicional específico para compensar el fuerte aumento del gasoil, que en abril trepó más del 23% y representa cerca del 20% de la estructura de costos del sistema.

La medida llega tras semanas de tensión en el sector, marcadas por la reducción de frecuencias y la declaración de emergencia por parte de las cámaras empresariales. Las empresas advierten que la normalización del servicio dependerá del cumplimiento de los compromisos de financiamiento por parte del Estado, que actualmente mantiene una deuda superior a los $128.000 millones con el sector, parte de la cual corresponde al Gobierno Nacional.

El sistema de colectivos bonaerense transporta alrededor de 4 millones de pasajeros diarios en días hábiles, y la mayoría de los usuarios realiza trayectos cortos, lo que hace que el impacto del aumento sea directo y masivo en el gasto de los hogares. El ajuste también amplía la brecha tarifaria con la Ciudad de Buenos Aires y las líneas nacionales, donde el boleto mínimo es sensiblemente menor.

En paralelo, se discute la posibilidad de reemplazar el esquema de subsidios a las empresas por una asistencia directa a los pasajeros, aunque esta transición aún no tiene fecha definida. Mientras tanto, las autoridades y empresarios han abierto una mesa técnica para revisar la estructura de costos y definir un esquema de actualización más previsible, en un contexto de alta inflación y presión sobre los servicios públicos.

El aumento, aunque busca evitar mayores recortes de servicios y tiempos de espera, genera preocupación entre los usuarios por su impacto en el bolsillo y la calidad del transporte. El sector empresarial, por su parte, promete una recuperación gradual del servicio si se cumplen los compromisos estatales, mientras que el debate sobre el financiamiento y la estructura de subsidios sigue abierto.