En la previa de una multitudinaria Marcha Federal Universitaria frente al Congreso de la Nación, el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, lanzó una frase que generó polémica: "Si fuera por la izquierda nos matarían". La manifestación, convocada bajo el lema “Nuestro futuro no se veta”, se realizó mientras la Cámara de Diputados debatía el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, sancionada previamente por ambas cámaras.

Alvarez, a través de sus redes sociales y en declaraciones radiales, negó la renuncia masiva de docentes y acusó a sectores de la izquierda de buscar desgastar al Gobierno. "Es mentira que renunciaron 10 mil docentes, además sigo dando mis clases y salvo la izquierda violenta nadie me dice nada", afirmó. El funcionario sostuvo que la marcha tiene fines políticos y que intenta instalar una sensación de desgobierno para mejorar resultados electorales de la oposición.

Durante la jornada, miles de manifestantes se congregaron en las inmediaciones del Parlamento y en otros puntos del país, reclamando la actualización del presupuesto universitario, la reapertura de paritarias docentes y el incremento de becas estudiantiles. Alvarez también denunció que los rectores universitarios se asignan aumentos salariales por encima de la inflación y que desvían fondos de otras áreas, dificultando la verificación de estos movimientos por parte del Gobierno.

Consultado sobre las medidas de ahorro implementadas por la Universidad de Buenos Aires, como la limitación de ascensores y el apagado de aire acondicionado, Alvarez calificó estas acciones como "terrorismo" y acusó a las autoridades de generar una sensación de caos. El funcionario aseguró que el Gobierno ha respondido a los pedidos de ampliación presupuestaria, otorgando a la UBA más de 80.000 millones de pesos en 2025, con la obligación de rendición de cuentas.

El conflicto universitario se desarrolla en un contexto de crisis económica y recortes presupuestarios heredados del gobierno anterior. Mientras rectores y sindicatos reclaman por mejores condiciones y mayor transparencia, el Gobierno insiste en la necesidad de controlar el uso de fondos públicos y denuncia la politización de los reclamos. El debate sobre el financiamiento universitario y la autonomía de las instituciones continúa siendo un eje central en la agenda política argentina.