El 30 de septiembre de 2025, la provincia de Tucumán fue escenario de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia en domicilios y oficinas vinculadas a Carlos Cisneros, ex líder sindical y actual empresario de medios y juegos de azar. La investigación, que apunta a una presunta asociación ilícita, involucra a colaboradores cercanos y a la abogada Patricia Neme, en el marco de la denominada "Causa Vélez".

Según fuentes judiciales, pericias realizadas sobre teléfonos celulares identificaron a Cisneros como "el de arriba", presunto organizador de una maniobra para armar una denuncia extorsiva contra jugadores de fútbol. Los procedimientos incluyeron la recuperación de mensajes y la revisión de vínculos laborales y personales entre los implicados.

En respuesta, Cisneros publicó un video en el que denunció una supuesta persecución judicial y mediática, acusando al fiscal Edmundo Jiménez de manipulación y de utilizar la Justicia para disciplinar a testigos y víctimas. "Lo que se ha buscado con esto es disciplinar a la víctima; meterle miedo, hacerle terrorismo a las testigos", afirmó el empresario, invirtiendo los roles de víctima e investigado.

El caso ha generado un intenso debate en la opinión pública y en los medios nacionales, donde se discute tanto la legitimidad de las medidas judiciales como la influencia de Cisneros en el poder político, mediático y judicial de Tucumán. Organizaciones como FOPEA y la Asociación de Prensa de Tucumán han denunciado censura, mientras que otros sectores advierten sobre la gravedad de las acusaciones de asociación ilícita y extorsión.

La controversia se amplificó con la llegada del abogado Fernando Burlando, contratado para la defensa mediática, y la presentación del caso ante organismos internacionales como la ONU. En paralelo, la familia fundadora del diario La Gaceta denunció la pérdida de control editorial a manos de Cisneros, quien fue previamente acusado de ataques contra el medio.

El caso expone profundas tensiones entre los poderes político, judicial y mediático en Tucumán, y reaviva el debate sobre la impunidad y la corrupción en la provincia. El desenlace de la investigación será clave para determinar si prevalecen las pruebas forenses o las redes de poder informal que han marcado la historia reciente de Tucumán.