El gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha anunciado un paro nacional de transporte público para el próximo martes 6 de mayo, tras el fracaso de las negociaciones paritarias con las cámaras empresariales y la finalización del período de conciliación obligatoria dictado por el Gobierno nacional. La medida afectará a los servicios de corta y media distancia en todo el país, incluyendo el transporte urbano en Córdoba.

El conflicto surge de la falta de acuerdo en las negociaciones salariales. La UTA reclama un incremento del salario básico de los choferes, que actualmente es de $1.200.000, a $1.700.000. Por su parte, las empresas han ofrecido un aumento remunerativo menor al 6% para los meses de febrero a junio, además de bonos no remunerativos de $40.000, $50.000 y $70.000 a pagarse en mayo, junio y julio, respectivamente. Esta propuesta fue calificada por el gremio como "una falta de respeto".

En la última reunión, realizada bajo el marco de la conciliación obligatoria, las partes no lograron acercar posiciones. Las cámaras empresariales argumentaron que el esquema actual de tarifas y subsidios los deja en una situación de desfinanciamiento estructural, con un déficit operativo que alcanza el 40%. Según Gustavo Larrea, secretario de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), el sector no puede formular propuestas salariales debido a la falta de fondos.

En Córdoba, el paro afectará exclusivamente al transporte urbano, según confirmó Pablo Farías, secretario adjunto de la UTA local. Además, la ciudad enfrenta problemas adicionales, como la falta de unidades operativas en algunas líneas, lo que ha generado asambleas y reclamos por parte de los trabajadores.

El sistema de transporte público en Argentina enfrenta un deterioro generalizado. Según datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el precio técnico del boleto sin subsidios es significativamente mayor al precio pagado por los usuarios, lo que agrava el desfinanciamiento del sector. El congelamiento tarifario impuesto desde agosto también ha contribuido a esta crisis.

El Gobierno nacional, por su parte, ha mantenido una postura de no intervención directa, al considerar que se trata de una negociación entre privados. Sin embargo, se espera que nuevas audiencias puedan destrabar el conflicto en los próximos días. Mientras tanto, usuarios y trabajadores expresan preocupación por el impacto del paro en la movilidad y la economía local.