El Gobierno nacional oficializó una profunda reforma de las cuatro fuerzas federales de seguridad a través de una serie de decretos publicados el 8 de julio de 2025 en el Boletín Oficial. Las medidas, firmadas por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, afectan a la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

La reforma implica la actualización de los marcos normativos y estatutos de cada fuerza, con el objetivo de modernizar su estructura, profesionalizar al personal y optimizar la respuesta ante delitos complejos. En el caso de la Gendarmería, se aprueba un nuevo estatuto que reemplaza regulaciones vigentes desde 1971, permitiendo a la fuerza actuar en el ciberespacio, participar en misiones internacionales y asumir la protección de embajadas. Además, se reorganizan áreas clave para reforzar el control fronterizo y la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

La Prefectura Naval, por su parte, ve ampliadas sus funciones como autoridad marítima, con nuevas competencias en seguridad, policía judicial, prevención de contaminación y control de la pesca. Se le otorga rango legal al Sistema Guardacostas y se eliminan funciones obsoletas.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria, bajo el Decreto 456/2025, fortalece sus facultades para actuar frente a delitos complejos y coordinar investigaciones criminales, además de reorganizar su estructura interna con la creación del cargo de Subdirector Nacional y la incorporación de un Agrupamiento Técnico-Profesional. También se actualiza la formación de cadetes y el régimen disciplinario.

El Servicio Penitenciario Federal, ahora bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, implementa un nuevo estatuto que redefine su estructura y plan de carrera, prevé un plan de infraestructura y autoriza la reubicación de establecimientos en zonas urbanas para mejorar las condiciones de detención y la seguridad.

Las reformas fueron implementadas en el último día de vigencia de las facultades delegadas al Ejecutivo por la Ley Bases, lo que generó críticas de sectores que reclamaban un mayor debate parlamentario. El Gobierno, en cambio, sostiene que la modernización era indispensable para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad y criminalidad organizada. Todas las fuerzas tienen un plazo de 90 días para presentar proyectos de adecuación normativa, en un proceso que busca alinear la seguridad federal con estándares internacionales y mejorar la transparencia y el control institucional.