El Gobierno argentino formalizó una profunda actualización en la reglamentación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos a través del decreto 306/2026, publicado el 4 de mayo. La reforma, que abarca desde la redefinición de armas y municiones prohibidas hasta la agilización de trámites para la registración de armas heredadas, busca modernizar el sistema de control y adecuarlo tanto a los avances tecnológicos como a los principios constitucionales.

Entre los principales cambios, se destaca la actualización del listado de armas y materiales de uso prohibido, que ahora incluye dispositivos capaces de convertir armas semiautomáticas en automáticas, armas disimuladas y municiones especiales como las expansivas, perforantes, explosivas, incendiarias y envenenadas. La prohibición se extiende a la adquisición, tenencia, portación, transporte e importación de estos materiales, salvo excepciones específicas para fuerzas de seguridad.

El decreto también introduce requisitos más estrictos para los usuarios civiles, quienes deberán acreditar idoneidad en el manejo de armas mediante certificación de instructores habilitados, así como presentar certificados de aptitud física y psíquica y demostrar la inexistencia de antecedentes penales. Además, se flexibiliza y agiliza el proceso de registración de armas heredadas, permitiendo a los herederos inscribir el material armamentístico con la sola presentación de documentación que acredite el vínculo familiar, sin necesidad de una declaratoria judicial previa.

El Registro Nacional de Armas (RENAR) amplía sus competencias para otorgar autorizaciones y controlar la trazabilidad de las armas, mientras que la portación de armas de guerra será evaluada caso por caso bajo parámetros técnicos y de riesgo definidos por el Ministerio de Seguridad Nacional. La digitalización de los trámites permitirá un control más eficiente y la inhabilitación automática ante incumplimientos.

Desde el sector armero, la medida es vista como un avance hacia la legalización y seguridad del mercado, al tiempo que se reduce la burocracia y se agilizan los procesos. Sin embargo, el Gobierno subraya que el objetivo es reforzar los mecanismos de control estatal sin imponer restricciones irrazonables, en línea con los derechos y garantías constitucionales. La reforma se inscribe en un contexto de modernización normativa y responde a la experiencia recogida en la aplicación del sistema vigente, así como a la necesidad de evitar situaciones de informalidad en la tenencia y uso de armas en el país.