El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) enfrenta un escándalo de corrupción que ha sacudido al gobierno de Javier Milei y al partido oficialista, La Libertad Avanza (LLA). Las denuncias incluyen sobreprecios en compras, desvío de fondos y coacción a empleados para financiar actividades políticas.

Exfuncionarios del PAMI, como Viviana Aguirre, han señalado que se utilizaban mecanismos de excepción para justificar sobreprecios de hasta el 700% en insumos médicos y servicios. "Nos obligaban a firmar papeles para justificar gastos exorbitantes", declaró Aguirre, quien presentó pruebas ante la Justicia. En paralelo, prestadores de salud han denunciado retenciones indebidas en sus honorarios, lo que ha puesto en crisis la atención a jubilados.

El escándalo también incluye acusaciones de que empleados del PAMI y ANSES eran obligados a aportar parte de sus salarios para financiar la campaña de LLA. En provincias como Chaco, Misiones y Santa Cruz, se han iniciado investigaciones judiciales para determinar la veracidad de estas denuncias. "Se pedían entre 100 mil y 300 mil pesos a los empleados bajo amenaza de perder sus puestos", afirmó un fiscal en Chaco.

Chats filtrados han revelado cómo se designaban militantes libertarios en delegaciones del PAMI y ANSES, lo que ha generado críticas por el uso político de estas instituciones. Altos funcionarios como Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, junto con armadores políticos de LLA, han sido señalados como responsables de estas maniobras.

El PAMI, que maneja un presupuesto de más de 4 billones de pesos, anunció una auditoría interna para esclarecer las irregularidades. "No permitiremos que las delegaciones sean una caja negra de la política", afirmó el organismo en un comunicado. Sin embargo, las críticas persisten debido a la demora en tomar medidas y la magnitud de las denuncias.

Este caso ha puesto en evidencia las tensiones internas dentro de LLA, con facciones enfrentadas por el control de recursos. Mientras tanto, la oposición ha exigido explicaciones y medidas concretas para garantizar la transparencia en la gestión pública.

El impacto del escándalo es profundo, afectando no solo la imagen del gobierno, sino también la calidad del servicio que reciben millones de jubilados. Las investigaciones judiciales y las auditorías internas serán clave para determinar las responsabilidades y restaurar la confianza en el sistema.