Tres organizaciones ambientales presentaron una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la provincia de Santiago del Estero y el Estado Nacional, denunciando el grave daño ambiental provocado por el Nuevo Canal de la Patria. Esta infraestructura, construida para abastecer de agua a zonas rurales y fomentar el desarrollo ganadero, ha causado la muerte de más de 250 animales de al menos 40 especies en apenas seis meses, según relevamientos realizados por las entidades demandantes.

El canal, que se extiende entre 180 y 250 kilómetros desde el río Salado hasta la localidad de Quimilí, fue rediseñado en 2020 con paredes de hormigón resbaladizas e inclinadas. Este diseño impide que los animales que caen accidentalmente puedan salir, convirtiendo la obra en una trampa mortal. Entre las especies afectadas se encuentran ejemplares en peligro de extinción, como el oso hormiguero gigante y la tortuga terrestre argentina, así como corzuelas, pecaríes y armadillos.

La demanda, impulsada por Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), sostiene que la obra nunca fue monitoreada ni corregida tras su construcción, a pesar de las advertencias y denuncias previas. Además, la Defensoría del Pueblo de la Nación había emitido una resolución en diciembre de 2024, intimando a las autoridades a adoptar medidas correctivas ante la mortandad de fauna y el riesgo de contaminación del agua.

El canal atraviesa la ecorregión del Chaco Seco, una de las más amenazadas del planeta por deforestación y degradación ambiental. Santiago del Estero lideró la deforestación en Argentina entre 2009 y 2023, lo que agrava la situación de las especies locales. Las organizaciones demandantes solicitan la implementación de un plan de recomposición ambiental, monitoreo sistemático de fauna y calidad del agua, y obras de mitigación que permitan compatibilizar el abastecimiento de agua con la protección de la biodiversidad.

"El canal debe existir porque cumple una función social, pero debe hacerlo sin comprometer la biodiversidad", afirmó José Esain, abogado de Aves Argentinas. Por su parte, Manuel Jaramillo, director de Fundación Vida Silvestre, subrayó que "el acceso al agua no puede garantizarse a costa de la fauna nativa ni poner en riesgo a los animales domésticos".

La Corte Suprema deberá determinar si la infraestructura vulnera principios constitucionales vinculados al ambiente y la biodiversidad, en un caso que podría sentar precedente para futuras obras públicas en el país.