En la antesala de la marcha federal universitaria y la sesión en la Cámara de Diputados para tratar el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario, se desató un intenso cruce entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti. El conflicto se originó en redes sociales, donde Caputo replicó publicaciones que aseguraban que Yacobitti percibía un salario mensual de 18 millones de pesos, seis veces más que el de un ministro.

Caputo sostuvo en su cuenta de X: “Gana 6 veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos. Pero los que no tenemos empatía somos nosotros…”. Ante estas declaraciones, Yacobitti respondió públicamente, calificando de "falsa" la información y acusando a Caputo de "mala persona". Para respaldar su postura, el vicerrector publicó sus recibos de sueldo correspondientes a agosto de 2025, donde se detalla que como vicerrector cobró $1.817.751,34 netos y como docente en la Facultad de Ciencias Económicas, $461.090,95, sumando cerca de $2,3 millones netos.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, también intervino en el debate, afirmando que varios rectores universitarios perciben entre 8 y 18 millones de pesos mensuales, aunque no especificó nombres. Estas declaraciones se dan en el marco de una campaña oficialista que denuncia supuestos sueldos millonarios en las universidades, mientras la comunidad educativa reclama mayor presupuesto y rechaza el veto presidencial.

El enfrentamiento se produce en un contexto de alta tensión por el financiamiento de la educación pública y el ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei. La oposición busca revertir el veto presidencial y avanzar con un aumento del financiamiento universitario, mientras el gobierno argumenta que el impacto fiscal de la medida pondría en riesgo el superávit, base de su programa económico.

Referentes universitarios y opositores desmintieron las cifras difundidas por el gobierno y denunciaron desinformación, mientras advierten sobre el impacto negativo del ajuste en la educación pública. El debate sobre los salarios universitarios y el financiamiento educativo continúa siendo eje de la discusión política y social en el país.