El Gobierno argentino implementó una eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, una medida que generó un fuerte impacto en el sector y abrió un nuevo frente de conflicto político y económico. La decisión, tomada tras una videollamada clave entre funcionarios del Ministerio de Economía y representantes de las principales exportadoras, buscaba estabilizar el mercado cambiario y fortalecer las reservas del Banco Central en un contexto de alta volatilidad financiera.

Durante tres días, las retenciones fueron eliminadas, lo que permitió la liquidación de aproximadamente 7.000 millones de dólares en exportaciones y generó un récord histórico de pedidos para exportar. Sin embargo, el beneficio fue capturado principalmente por las grandes cerealeras y acopios con capacidad financiera, mientras que los pequeños productores y entidades rurales denunciaron que no pudieron aprovechar la medida. Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina, señaló que "las medidas transitorias no generan certeza ni benefician a los pequeños productores", y Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural, agregó que "las cerealeras se quedaron con el grueso de los beneficios".

La reacción internacional no se hizo esperar. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresó su preocupación por el impacto de la medida en los productores norteamericanos y presionó para que se restablecieran las retenciones, en medio de la disputa comercial con China. El Partido Justicialista calificó la iniciativa como una "estafa" y criticó el uso electoral de la política tributaria, señalando que "la campaña electoral más cara de la historia argentina" se financió con la eliminación temporal de las retenciones.

El Banco Central logró comprar 1.345 millones de dólares en un solo día, estabilizando el mercado cambiario y mejorando las reservas. Sin embargo, el malestar en el sector agropecuario podría tener consecuencias electorales, especialmente en las provincias clave como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El Gobierno enfrenta ahora el desafío de recomponer la relación con el campo y mantener la estabilidad económica en un contexto de alta incertidumbre y presión internacional.

Las retenciones al agro han sido un tema recurrente en la política argentina, con cambios frecuentes en los últimos años. El sector rural, fundamental para la economía y la base electoral del oficialismo, exige previsibilidad y políticas de largo plazo. La medida, aunque efectiva en el corto plazo para estabilizar el mercado, dejó en evidencia la fragilidad de los vínculos entre el Gobierno y el campo, y la necesidad de encontrar soluciones duraderas que beneficien a todos los actores involucrados.