Miguel Ángel Calvete, ex concejal de Cambiemos y conocido por su rol como vocero de los supermercados chinos, se encuentra bajo prisión preventiva tras ser señalado por la Justicia como presunto jefe de una asociación ilícita que operaba en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La investigación, que se desarrolla en los tribunales de Comodoro Py, apunta a un entramado de corrupción en la adjudicación de contratos millonarios para insumos médicos y prótesis, durante la gestión de Diego Spagnuolo.

Calvete, quien se negó a declarar ante el juez Sebastián Casanello, es acusado de haber tejido una red de influencias que le permitió actuar como intermediario entre proveedores y funcionarios de la agencia. Según el expediente, su nombre aparece vinculado a varias firmas beneficiadas, como INDECOMM S.R.L., Profusión S.A. y Profarma S.A. Las pruebas recabadas incluyen registros de empresas, listados de empleados y comunicaciones con funcionarios, obtenidos de teléfonos y cuadernos incautados en allanamientos realizados en su domicilio de San Telmo.

La causa también involucra a Guadalupe Ariana Muñoz, pareja de Calvete, quien habría gestionado fondos y transferencias, y a ex funcionarios como Daniel Garbellini, segundo de Spagnuolo. Los investigadores documentaron visitas y comunicaciones que evidencian la coordinación de pagos y la presión para favorecer a determinadas empresas. El escándalo alcanzó repercusiones internacionales, frustrando acuerdos de cooperación con Israel para la asistencia a personas con discapacidad.

Además de su rol en la causa ANDIS, Calvete cuenta con antecedentes penales. En 2019, fue condenado junto a su hermano Alejandro y un empleado del Consejo de la Magistratura porteño a cuatro años de prisión por explotación económica de la prostitución ajena. El fallo incluyó el decomiso de inmuebles utilizados como prostíbulos y la prohibición de salida del país. La fiscalía destacó que los acusados se beneficiaban de la vulnerabilidad de las mujeres, imponiendo condiciones contractuales abusivas y exigencias económicas desproporcionadas.

El caso genera preocupación por la transparencia en la gestión pública y la protección de los sectores más vulnerables. La Justicia continúa con las indagatorias, mientras se espera la declaración de otros implicados y el avance de la investigación sobre el destino de los fondos públicos y privados involucrados.