El escándalo por la distribución de fentanilo contaminado en Argentina ha dejado, hasta el momento, 52 muertes confirmadas en hospitales de Buenos Aires, Rosario y otras ciudades del país. La investigación judicial, a cargo del Juzgado Federal 3 de La Plata, avanza lentamente mientras la sociedad exige respuestas y justicia.

El brote fue detectado a principios de mayo, cuando el Hospital Italiano de La Plata alertó a la ANMAT sobre un aumento inusual de neumonías en pacientes que habían recibido fentanilo. Los análisis confirmaron la presencia de bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii en los lotes del medicamento, producidos por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Inmediatamente, la ANMAT suspendió la actividad de ambos laboratorios y ordenó el retiro de los lotes afectados en 306 hospitales de todo el país.

La causa judicial enfrenta múltiples obstáculos. A pesar de los allanamientos y la recolección de pruebas, aún no hay imputados ni detenidos. La ex presidenta de HLB Pharma, Nilda Furfaro, negó irregularidades y denunció una campaña de desprestigio mediático, asegurando que "jamás se detectó una sola ampolla fuera del circuito legal". Sin embargo, videos y testimonios revelan la destrucción de documentos clave en las oficinas del laboratorio días antes de los procedimientos judiciales, lo que complica la reconstrucción de los hechos.

La ANMAT y la Justicia analizan más de 150 expedientes relacionados con desvíos de calidad y alertas previas sobre la producción de medicamentos. Los investigadores consideran fundamental el peritaje del cuerpo médico forense para determinar en qué etapa del proceso productivo ocurrió la contaminación y si existió negligencia o dolo.

El caso ha puesto en evidencia las debilidades en los controles regulatorios y la trazabilidad de medicamentos en Argentina. Además, resurgieron cuestionamientos previos a HLB Pharma, que ya había sido señalada por su participación en la fallida negociación de la vacuna Sputnik V durante la pandemia.

Mientras tanto, familiares de las víctimas y la opinión pública reclaman avances concretos en la causa. Los investigadores piden cautela y subrayan la complejidad de vincular cada muerte directamente a la contaminación, dado el estado crítico de muchos pacientes afectados. El desenlace de la investigación será clave para determinar responsabilidades y fortalecer la seguridad en la producción y distribución de medicamentos en el país.