La Policía Federal de Brasil ha presentado un informe al Tribunal Supremo en el que señala indicios de lavado de dinero y coacción en los movimientos bancarios del ex presidente Jair Bolsonaro y su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro. Según el documento, entre marzo de 2023 y junio de 2025, Bolsonaro habría recibido aproximadamente 30,5 millones de reales, lo que ha despertado sospechas sobre posibles actividades ilícitas.

El informe también denuncia a ambos por coacción, al considerar que promovieron medidas de represalia internacional contra el Gobierno y el Poder Judicial brasileños, con el objetivo de obstaculizar la investigación por el intento de golpe de Estado contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro cumple arresto domiciliario desde el 4 de agosto, tras incumplir medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo, entre ellas el uso de tobillera electrónica y la prohibición de utilizar redes sociales.

Entre las pruebas presentadas por la Policía Federal se encuentran mensajes de WhatsApp que revelan tensiones familiares y políticas, así como un borrador de solicitud de asilo político dirigido al presidente argentino Javier Milei. El documento, encontrado en el celular de Bolsonaro y modificado por última vez en febrero de 2024, coincide con el período en que el exmandatario se refugió brevemente en la Embajada de Hungría en Brasilia. Uno de los abogados de Bolsonaro aseguró que la propuesta de asilo fue rechazada y que la fuga nunca fue una opción.

La investigación también detalla la campaña internacional impulsada por Eduardo Bolsonaro desde Estados Unidos, que incluyó lobby para imponer aranceles del 50% a las importaciones brasileñas y sanciones contra autoridades nacionales, incluido el juez Alexandre de Moraes, relator del caso. El presidente estadounidense Donald Trump justificó los aranceles como respuesta a lo que considera una persecución política contra Bolsonaro.

El caso se suma a los procesos judiciales que enfrenta el ex presidente por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de prisión si es hallado culpable. Mientras tanto, el presidente Lula da Silva ha ampliado su ventaja electoral y sostiene que el Congreso debería retirar el escaño a Eduardo Bolsonaro. Las autoridades brasileñas insisten en que la investigación busca garantizar la independencia de la justicia frente a presiones internacionales.