El juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén avanza con la exposición de pruebas y testimonios que revelan un complejo entramado de desvíos de fondos públicos, inconsistencias patrimoniales y beneficiarios fantasma. La causa involucra a 14 imputados, entre ellos exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social y allegados, quienes habrían participado en maniobras para apropiarse de subsidios destinados a personas vulnerables.

Durante las últimas audiencias, la contadora Melisa Benítez Jaccod, perito de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, presentó un informe técnico que sostiene gran parte de la acusación. El análisis contable detectó que varios imputados no pueden justificar el origen de sus bienes, con inconsistencias patrimoniales que superan los $11 millones en el caso de la pareja Sanz-Montoya y más de $5 millones en el caso de Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales. Además, se identificaron compras de terrenos, vehículos, apuestas online y montajes de negocios con fondos provenientes de los planes sociales.

La fiscalía sostiene que la organización delictiva confeccionaba listados de beneficiarios ficticios y manipulaba expedientes para aparentar legalidad. Un testimonio clave fue el de la exdirectora de Administración, Griselda Cittadini, quien describió cómo se armaban expedientes a posteriori, se adulteraban facturas y se libraban cheques endosables, permitiendo manejos discrecionales. El análisis contable realizado por la perito Agustina Martínez detectó que más de 1.500 personas figuraban como beneficiarias pero nunca cobraron los subsidios.

La defensa de los imputados cuestionó la solidez y objetividad de los informes periciales, denunciando a la contadora por supuestas faltas éticas y contradicciones. Los abogados defensores argumentan que los informes presentan datos desactualizados y tendenciosos, y que no se pudo comprobar fehacientemente el uso de fondos para ciertos bienes y negocios. El tribunal, integrado por Luciano Hermosilla, Juan Manuel Kees y Juan Guaita, continúa con la ronda de testigos y se espera que el debate sobre las penas se desarrolle en una etapa posterior, en caso de condena.

El perjuicio estimado para el Estado ronda el millón de dólares en dos años, y la investigación se apoya en información fiscal aportada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El caso pone en tela de juicio los mecanismos de control y transparencia en la gestión de planes sociales en la provincia de Neuquén, y se espera que el fallo del tribunal siente un precedente en materia de delitos económicos y corrupción política.