La justicia entrerriana dictó 120 días de prisión preventiva para Pablo Laurta, acusado de asesinar al remisero Martín Sebastián Palacio y de cometer un doble femicidio en Córdoba. El caso, que involucra crímenes en dos provincias, ha generado conmoción y debate sobre la efectividad de las medidas de protección y el abordaje judicial de la violencia de género.

Según la investigación, Laurta habría matado al remisero con el objetivo de robarle el auto y facilitar su traslado a Córdoba, donde posteriormente asesinó a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio. "Lo mató al remisero con la intención de robarle el auto", explicó la fiscal Daniela Montagie, quien sostiene la hipótesis de homicidio criminis causa. Las pruebas iniciales, como el relevamiento de cámaras de seguridad y el rastreo de celulares, permitieron reconstruir el recorrido de Laurta y Palacio desde la terminal de Concordia hasta la zona donde se apagó el celular de la víctima.

Tras la audiencia de imputación en Concordia, Laurta fue trasladado a la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, donde permanecerá aislado hasta su traslado a Córdoba. Durante el proceso, el acusado mostró comportamientos erráticos y lanzó frases confusas ante la prensa, como "Yo liberé a mi hijo de una red de trata" y "Me tapan la cara para que no hable". Su defensa, encabezada por el abogado José Luis Legarrate, plantea la posibilidad de un brote psicótico y solicitará pericias psiquiátricas para evaluar su estado mental.

El caso revela antecedentes de violencia familiar: Laurta había sido denunciado por su expareja y tenía una restricción de acercamiento, además de un botón antipánico vigente. Sin embargo, la tobillera electrónica ordenada nunca fue colocada, lo que pone en cuestión la efectividad de las medidas de protección.

La coordinación judicial entre Entre Ríos y Córdoba ha sido clave para avanzar en la investigación y el traslado del acusado. El fiscal Ignacio Telenta confirmó que Laurta será indagado en Córdoba por el doble femicidio, mientras se completan las pericias ordenadas por la Justicia. El caso continúa generando debate sobre la protección a víctimas de violencia de género y el abordaje judicial de delitos graves.