La implementación del nuevo sistema acusatorio en los tribunales de Comodoro Py, prevista para el 11 de agosto, ha generado una ola de críticas y preocupaciones entre fiscales y legisladores. Este sistema, que asigna a los fiscales la responsabilidad de las investigaciones penales, busca agilizar los procesos judiciales y relegar a los jueces a un rol supervisor. Sin embargo, la falta de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura amenaza con comprometer su eficacia.

En cartas dirigidas al Procurador General Eduardo Casal, fiscales de distintas instancias han advertido que las limitaciones actuales podrían llevar al fracaso de la reforma. Entre los problemas señalados destacan demoras de hasta seis meses en peritajes forenses, falta de espacio físico adecuado en Comodoro Py y una relación desproporcionada entre el personal del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. "La implementación efectiva de este nuevo modelo procesal requiere adecuada planificación y la provisión de recursos", afirmaron en una misiva firmada por fiscales de primera instancia.

Por su parte, legisladores del Frente Renovador, como Cecilia Moreau y Diego Giuliano, han calificado la implementación como "apresurada" y "sin planificación". Moreau criticó al gobierno por no asignar el presupuesto necesario, mientras que Giuliano advirtió que la justicia penal federal no puede ser otra víctima del ajuste. Ambos coincidieron en que la reforma, aunque necesaria, está condenada al fracaso si no se resuelven los problemas de financiación.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también ha sido objeto de críticas por avanzar con la implementación sin un diagnóstico adecuado ni coordinación entre los actores del sistema. En respuesta, los fiscales han solicitado al Procurador Casal que eleve sus preocupaciones al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Justicia. Además, han propuesto postergar la entrada en vigencia del sistema hasta contar con los recursos necesarios.

El sistema acusatorio, aprobado en 2018 como parte de la reforma del Código Procesal Penal Federal, ya opera en algunas provincias con resultados mixtos. En estas jurisdicciones, los fiscales han enfrentado problemas similares de recursos, lo que ha generado dudas sobre la viabilidad de su implementación en la Ciudad de Buenos Aires. La reforma es vista como un paso necesario para cumplir con compromisos internacionales en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, pero su éxito depende de una adecuada planificación y recursos.

Mientras tanto, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py ha comenzado a reorganizar su estructura interna para adaptarse al nuevo sistema, lo que ha generado tensiones adicionales. Algunos fiscales han manifestado su intención de resistir cambios estructurales, como el desalojo de oficinas para la creación de nuevas dependencias.

El debate sobre la implementación del sistema acusatorio continúa, con implicaciones significativas para el sistema judicial y la lucha contra el crimen en Argentina. La falta de recursos y planificación adecuada no solo pone en riesgo la eficacia de la reforma, sino también el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país.