La justicia de Entre Ríos dictó 120 días de prisión preventiva para Pablo Laurta, acusado de asesinar al remisero Martín Sebastián Palacio y de cometer un doble femicidio en Córdoba. Laurta, de nacionalidad uruguaya, fue imputado por homicidio criminis causa tras el hallazgo del cuerpo desmembrado de Palacio en Estación Yeruá. Según la fiscal Daniela Montangie, el móvil del crimen fue robar el auto del remisero para facilitar la huida y perpetrar los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio, madre e hija, en Córdoba.

El operativo de detención se realizó en Gualeguaychú, donde Laurta fue encontrado junto a su hijo, a quien intentaba llevar a Uruguay. Durante los traslados y audiencias, Laurta lanzó frases enigmáticas ante la prensa, como "Yo liberé a mi hijo de una red de trata" y "Hay que venerarlo, es un mártir", lo que ha generado especulaciones sobre su estado mental y posibles estrategias de defensa. El abogado defensor, José Luis Legarreta, evalúa solicitar pericias psicológicas y psiquiátricas, aunque la fiscalía sostiene que Laurta actuó con plena conciencia y premeditación.

El caso ha puesto en foco la violencia de género y la manipulación judicial, ya que Laurta es fundador de un grupo antifeminista y tenía antecedentes de acoso y violencia contra las víctimas. El menor quedó bajo protección estatal en Córdoba, mientras se coordina el traslado de Laurta para enfrentar cargos por el doble femicidio. Las autoridades judiciales y policiales destacan la gravedad y planificación de los hechos, mientras el entorno de las víctimas relata antecedentes de miedo y acoso persistente.

La investigación continúa con pericias de ADN para confirmar la identidad del remisero y análisis psicológicos para determinar la imputabilidad de Laurta. El caso genera debate sobre la respuesta del sistema penal ante crímenes de violencia de género y la evaluación de la salud mental de los acusados, con implicaciones para futuras políticas de seguridad y protección de víctimas.