Un proyecto de ley presentado por la diputada Marcela Pagano, de La Libertad Avanza, ha generado un intenso debate en el ámbito profesional y político de Argentina. La iniciativa propone eliminar la obligatoriedad de matriculación en colegios y consejos profesionales, reemplazándola por un Registro Nacional de Profesionales gestionado por el Ministerio de Capital Humano. Este registro sería gratuito y único, permitiendo a los profesionales ejercer en todo el territorio nacional sin necesidad de matrículas provinciales.

El proyecto, identificado como expediente 1677-D-2025, establece un plazo de 120 días para que los colegios y consejos profesionales transfieran sus bases de datos al nuevo registro. Además, prohíbe la exigencia de cuotas o aportes obligatorios, lo que, según las entidades profesionales, desfinanciaría funciones esenciales como el control ético, la formación continua y la protección del ejercicio profesional responsable.

La medida ha sido duramente criticada por organizaciones como el Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires y otras asociaciones, que consideran que la propuesta pone en riesgo la calidad del ejercicio profesional y desprotege a la ciudadanía. "El proyecto desconoce la autonomía de las provincias y la tradición del régimen colegiado, establecido por legislaciones locales que regulan el ejercicio profesional en cada distrito", señalaron en un comunicado conjunto.

En paralelo, el Gobierno nacional ya ha comenzado a implementar medidas en esta dirección. La Resolución 1641/2025, publicada recientemente, establece que la matrícula nacional será suficiente para ejercer en instituciones de salud públicas, eliminando la necesidad de matrículas provinciales en ese ámbito.

Leonardo Di Lorenzo, un crítico destacado de la iniciativa, advirtió que la desregulación podría permitir prácticas irresponsables y dañar la confianza pública en los profesionales. "Sin regulación, desaparece la posibilidad de sancionar a quienes actúan con negligencia y de asegurar estándares mínimos de calidad", afirmó.

El proyecto también ha sido interpretado como parte de una agenda más amplia de desregulación promovida por el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, las entidades profesionales han anunciado que no permanecerán pasivas. Han convocado a movilizaciones, acciones judiciales y un llamado a legisladores de todos los bloques para rechazar la propuesta en el Congreso.

El debate sobre este proyecto de ley promete intensificarse en las próximas semanas, con implicaciones significativas para el ejercicio profesional en Argentina y la relación entre el Estado y las entidades colegiadas.