El caso de la criptomoneda $LIBRA ha escalado en las últimas semanas, con la jueza federal María Servini ordenando el congelamiento de bienes de varios implicados, incluyendo a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. La medida, que tiene una duración de 90 días, busca evitar la transferencia de activos mientras se investiga un presunto fraude financiero que afectó a más de 40,000 inversores.

La criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei en febrero pasado, experimentó un aumento exponencial en su valor tras un tuit del mandatario, pasando de $0.01 a $5. Sin embargo, su cotización se desplomó poco después, generando pérdidas millonarias. Según la investigación, los principales tenedores del activo habrían vendido grandes cantidades de tokens, aprovechando información privilegiada, lo que resultó en el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares.

En el marco de la investigación, se han realizado allanamientos en domicilios y oficinas vinculadas a los implicados. Videos de seguridad muestran a la madre y hermana de Novelli vaciando cajas de seguridad en el Banco Galicia días después del escándalo. Aunque la Justicia allanó estas cajas, ya estaban vacías. Además, se han secuestrado dispositivos electrónicos y documentos que están siendo analizados.

La jueza Servini también ha ordenado un análisis patrimonial de los implicados, incluyendo al presidente Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia. Esta medida busca esclarecer posibles irregularidades en sus bienes y activos financieros.

El caso ha generado reacciones diversas. Mientras los implicados niegan cualquier conexión del gobierno con el fraude, la oposición ha utilizado el escándalo para criticar la gestión de Milei. Inversores afectados han iniciado demandas civiles y penales, buscando recuperar las pérdidas sufridas.

Expertos en criptomonedas han señalado la falta de regulación como un factor clave que permitió el desarrollo de este esquema. Por su parte, la Justicia continúa investigando para determinar responsabilidades y posibles sanciones, en un caso que podría tener implicaciones significativas para el gobierno y el sector financiero del país.