En el marco de las elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei ha implementado una serie de medidas económicas y políticas que han generado tanto apoyo como críticas. Entre las más destacadas se encuentra la reducción progresiva de aranceles de importación para productos electrónicos, como celulares y computadoras, que pasarán del 16% a 0% en dos etapas. Según el gobierno, esta medida busca reducir la brecha de precios entre el mercado local e internacional, beneficiando a los consumidores. Sin embargo, ha generado tensiones con la industria de Tierra del Fuego, donde se ensamblan estos productos, y que podría verse gravemente afectada.

Otra medida relevante es la reforma migratoria, que endurece los requisitos para obtener la ciudadanía argentina y facilita la deportación de extranjeros que cometan delitos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la medida argumentando que busca ordenar la inmigración y evitar abusos en el uso de servicios públicos. Según datos oficiales, en los últimos 20 años ingresaron al país 1,7 millones de personas de manera irregular, cifra que equivale a la población de La Matanza o Tucumán.

En el ámbito económico, el gobierno celebró una desaceleración de la inflación, que en abril fue del 2,8%, acumulando un 11,6% en el primer cuatrimestre y un 47,3% interanual. Este dato fue presentado como un logro de las políticas económicas implementadas por la administración de Milei.

Sin embargo, no todo ha sido positivo para el oficialismo. En un acto de cierre de campaña en el barrio porteño de Recoleta, varias personas denunciaron que no se les pagó el dinero prometido por asistir al evento. Según los denunciantes, se les ofrecieron diferentes montos, pero al finalizar la actividad no recibieron ningún pago. Este episodio generó críticas hacia el gobierno y puso en duda la transparencia de sus prácticas políticas.

Las medidas anunciadas y los eventos recientes se enmarcan en un contexto de alta polarización política, donde el oficialismo busca consolidar su modelo económico y político frente a una oposición que cuestiona tanto las políticas como el momento elegido para implementarlas, a pocos días de las elecciones. Mientras algunos sectores celebran las iniciativas como pasos hacia una mayor competitividad y orden, otros advierten sobre sus posibles consecuencias negativas a largo plazo, tanto en el ámbito social como económico.