Una influencer y cantante de Santiago del Estero, Valentina Olguin, de 26 años, ha sido denunciada por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, por utilizar datos fiscales de cinco gobernadores para importar ropa de alta gama desde Estados Unidos. Según la denuncia, Olguin habría superado los límites legales de importación permitidos por el sistema courier y recurrió a los datos fiscales de terceros para continuar con su actividad.

El caso salió a la luz cuando Jaldo recibió notificaciones de compras realizadas a su nombre desde una tienda en Miami. "Inmediatamente, puse la denuncia en la Aduana, en ARCA y también fui a la Justicia Federal, como un ciudadano común. Esto le puede pasar a cualquiera", declaró el gobernador. Además de Jaldo, los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Sergio Ziliotto (La Pampa) también fueron afectados.

La justicia federal investiga a Olguin por los delitos de falsificación de documentos públicos, evasión fiscal y uso indebido de datos fiscales protegidos. La causa está a cargo del fiscal federal José Agustín Chit y el juez José Manuel Díaz Vélez. Como parte de la investigación, se allanó el domicilio de Olguin en el barrio de Núñez, Buenos Aires, donde funcionaba su emprendimiento de ropa.

Olguin, quien cuenta con más de 400 mil seguidores en redes sociales y una carrera musical en ascenso, justificó su accionar alegando desconocimiento y "apuro" para cumplir con los trámites. "No sabía que estaba cometiendo un delito, estoy arrepentida y soy consciente de la gravedad del asunto", afirmó. Según su versión, utilizó datos de familiares y amigos antes de recurrir a los datos de los gobernadores.

El sistema courier, implementado en 2024, permite hasta cinco envíos anuales por persona con restricciones de peso y uso comercial. Este caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad fiscal en Argentina. Jaldo destacó que no se usaron fondos de las cuentas de los gobernadores, pero sí sus datos personales, lo que calificó como "grave".

El caso ha generado un debate sobre la seguridad de los datos fiscales y la necesidad de reforzar los controles. Los gobernadores afectados esperan que la justicia tome medidas para evitar futuros casos similares. Mientras tanto, Olguin se encuentra a disposición de la justicia y podría enfrentar penas de entre dos y ocho años de prisión si se comprueba su culpabilidad.

El caso sigue en desarrollo, y se esperan nuevas citaciones judiciales en los próximos días.