El procurador general de la Corte de Mendoza, Alejandro Gullé, solicitó este miércoles el jury de enjuiciamiento para la fiscal de Malargüe, Andrea Lorente, por presunto mal desempeño de sus funciones. La denuncia, presentada ante el tribunal correspondiente, se fundamenta en una investigación interna que detectó graves irregularidades en la tramitación de causas vinculadas a abusos sexuales a menores, violencia de género y otros delitos.

Según el escrito de Gullé, la fiscalía a cargo de Lorente evidenció "inacción, manejo indebido de expedientes y falta de profesionalismo", lo que habría socavado los derechos de las víctimas y afectado la eficacia del sistema judicial. Entre las deficiencias señaladas se encuentran causas prescriptas, ausencia de medidas de protección y falta de investigación en casos sensibles, especialmente aquellos que involucran a niños, niñas y adolescentes.

La inspección administrativa, realizada entre febrero y marzo de 2024, reveló que la fiscal no actuó con la diligencia exigida por la normativa vigente, ni aplicó los estándares internacionales de protección en casos de violencia de género. Gullé remarcó que la falta de celeridad y compromiso permitió la prescripción de delitos y dejó a las víctimas en situación de indefensión.

El pedido de destitución se produce luego de que el gobernador Alfredo Cornejo criticara públicamente el accionar de Lorente, señalando que "tiene un montón de causas pisadas que no investiga" y cuestionando la falta de avances en el Ministerio Público Fiscal del sur mendocino. Cornejo enfatizó la corresponsabilidad de la Justicia en la seguridad ciudadana y reclamó mayor eficiencia en la resolución de casos.

El tribunal de enjuiciamiento, compuesto por ministros de la Corte y legisladores, deberá analizar la denuncia y decidir si corresponde la destitución o suspensión de la fiscal. El caso ha generado repercusión tanto en Malargüe como en el ámbito provincial, reavivando el debate sobre la protección de víctimas y la eficacia del sistema judicial mendocino. Se espera que la resolución del tribunal siente un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios judiciales en la provincia.