Las universidades públicas argentinas atraviesan una nueva etapa de conflicto gremial, con un paro de 48 horas que afecta a más de 50 instituciones en todo el país. La medida, impulsada por sindicatos docentes y no docentes, responde a la disconformidad con el reciente anuncio del gobierno nacional de un aumento salarial del 7,5% en tres tramos, sumado a una suma fija excepcional de $25.000 por cargo. Los gremios consideran que el incremento es insuficiente frente a la inflación acumulada, que supera el 15% en lo que va de 2025, y la pérdida sostenida de poder adquisitivo de los últimos años.

El conflicto se desarrolla en un contexto de falta de convocatoria a paritarias y decisiones unilaterales por parte del gobierno, lo que ha llevado a los sindicatos, entre ellos CONADU y AGD-UBA, a profundizar las medidas de fuerza. Bajo la consigna "Con docentes y no docentes bajo la línea de pobreza, no hay universidad posible", las jornadas de protesta incluyen paros, movilizaciones, asambleas y actos frente al Congreso, especialmente durante el tratamiento de la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado, previsto para el 28 de agosto.

Carlos De Feo, secretario general de CONADU, expresó: "La ley debe ser aprobada por amplísima mayoría en el Senado y debemos enfrentar el anunciado veto presidencial con una masiva Marcha Federal Universitaria que muestre la legitimidad de nuestros reclamos". Por su parte, Florencia Granato, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UNRC, destacó que "docentes, no docentes y estudiantes impulsan la realización de esta marcha".

Desde la Casa Rosada, el gobierno defiende los aumentos otorgados desde diciembre de 2023, señalando un incremento del 345% en los gastos de funcionamiento universitario y un acumulado del 111% en los salarios entre enero de 2024 y mayo de 2025. Además, se destaca la expansión del presupuesto de los hospitales universitarios. Sin embargo, diversos medios y editoriales advierten que el aumento no compensa la caída real de los salarios y reclaman mecanismos de actualización más estables y negociados.

El conflicto universitario pone en evidencia la tensión entre el gobierno y la comunidad educativa, en un momento clave para el futuro de la educación superior en Argentina. La Marcha Federal Universitaria y las acciones gremiales buscan visibilizar el reclamo y evitar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, mientras se mantiene la expectativa de diálogo y negociación en los próximos días.