El Gobierno Nacional oficializó este martes la disolución de varios programas de vivienda, entre ellos Casa Propia y Procrear, y estableció un nuevo esquema de financiamiento para las obras en curso. La medida, formalizada mediante la Resolución 1199/2025 publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca descentralizar la gestión de la obra pública y transferir la responsabilidad de finalización de proyectos a las provincias y municipios.

Según la normativa, las jurisdicciones locales podrán asumir el financiamiento de las obras inconclusas, implementando sistemas de recupero de fondos que garanticen que el pago de las cuotas por parte de los adjudicatarios no supere el 30% de sus ingresos familiares. Además, se contemplan excepciones para hogares vulnerables y beneficiarios de urbanizaciones en villas y asentamientos, quienes podrán ser eximidos total o parcialmente de la obligación de pago.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, calificó la resolución como un avance significativo, destacando que "destraba un sinnúmero de transferencias de obras a provincias y municipios, en particular aquellas que habían quedado inconclusas del plan Procrear". Sturzenegger agregó que la medida reconoce los derechos sobre los recursos comprometidos hasta el momento por la Nación, permitiendo que las autoridades locales puedan tomar y terminar las obras.

La resolución también establece que los fondos a devolver por las jurisdicciones se actualizarán según la variación de la Unidad de Vivienda (UVI), y se podrán compensar montos pendientes en otros programas de vivienda. Asimismo, se derogan más de diez resoluciones de gestiones anteriores y se revocan normativas vinculadas a ejecuciones hipotecarias y otros planes, como el "Argentina Hace" y el fondo fiduciario de Procrear.

El contexto de la medida responde a la emergencia pública declarada por el Gobierno y a la política de reordenamiento de la obra pública, con el objetivo de lograr mayor eficiencia y evitar perjuicios fiscales para el Estado. Sin embargo, especialistas advierten que la reestructuración administrativa no sustituye la necesidad de una estrategia nacional de vivienda que contemple a los sectores más vulnerables, conforme a los estándares constitucionales y tratados internacionales.

El debate sobre el impacto social y fiscal de la medida continúa, mientras funcionarios del gobierno la celebran como un paso hacia la eficiencia y la descentralización, y críticos insisten en la importancia de garantizar el derecho a la vivienda para todos los ciudadanos.