La reciente detención de siete militantes peronistas, entre ellos la funcionaria bonaerense Alexia Abaigar y la concejala de Quilmes Eva Mieri, por el ataque con excremento y amenazas a la casa del diputado José Luis Espert, ha desatado una fuerte controversia política y judicial en Argentina. El hecho, ocurrido el 17 de junio en San Isidro, consistió en arrojar estiércol y colocar un pasacalle con mensajes intimidatorios en la vivienda del legislador.

Las detenciones fueron ordenadas por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien imputó a los acusados delitos como amenazas agravadas, incitación al odio político y pertenencia a una agrupación destinada a imponer ideas por la fuerza o el temor. La investigación, que incluyó allanamientos en varias localidades del conurbano bonaerense, identificó a los sospechosos a través de cámaras de seguridad y análisis de vehículos involucrados en el hecho.

La situación de Alexia Abaigar ha generado especial preocupación, ya que el Cuerpo Médico Forense desaconsejó su permanencia en prisión debido a una grave enfermedad autoinmune. Tanto la defensa como organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Procuración Penitenciaria han solicitado su excarcelación o prisión domiciliaria, argumentando que la prisión preventiva es desproporcionada y que los hechos imputados constituyen, en todo caso, una manifestación política y no un delito penal.

El caso ha reavivado el debate sobre la criminalización de la protesta y la utilización de figuras penales graves en contextos de alta polarización política. Dirigentes peronistas y de izquierda han denunciado una persecución política y exigido la liberación de los detenidos, mientras que funcionarios del gobierno y aliados de Espert defienden la actuación judicial y rechazan las críticas, señalando la gravedad de los hechos.

La Cámara Federal de San Martín debe resolver en los próximos días sobre los pedidos de excarcelación, en un contexto de creciente tensión política y cuestionamientos al accionar judicial. El desenlace del caso podría sentar un precedente relevante en la interpretación de la protesta política y el uso de la prisión preventiva en Argentina.