La Corte Suprema de Justicia de la Nación sobreseyó al exsacerdote Justo José Ilarraz, quien había sido condenado en 2018 a 25 años de prisión por abusar sexualmente de siete menores en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná, Entre Ríos. El fallo, emitido por unanimidad por los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, se basó en la prescripción de los delitos, argumentando que solo los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles según la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Los hechos por los que Ilarraz fue condenado ocurrieron entre 1988 y 1992, pero las denuncias formales se presentaron recién en 2012, cuando las víctimas ya eran adultas. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos había considerado que la gravedad de los delitos justificaba su imprescriptibilidad, pero la Corte Suprema revocó esa decisión, señalando que el principio de legalidad no puede ser flexibilizado, incluso ante hechos aberrantes.

La decisión generó una fuerte reacción política y social. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó el fallo en sus redes sociales, recordando que el Papa Francisco expulsó a Ilarraz de la Iglesia en 2024. Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el Gobierno impulsará una reforma para declarar imprescriptibles los delitos sexuales en el nuevo Código Penal.

El caso Ilarraz, que tomó notoriedad nacional en 2012, reavivó el debate sobre la protección de las víctimas de abuso y la necesidad de adaptar la legislación a los estándares internacionales. Organizaciones de derechos humanos y asociaciones de víctimas manifestaron su preocupación por el precedente que sienta este fallo, mientras que la Corte Suprema defendió la importancia de respetar las garantías constitucionales y el debido proceso. El impacto de esta decisión podría extenderse a otros casos similares en el país, abriendo un nuevo capítulo en la discusión sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales.