La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió suspender la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago en el juicio por la estatización de la petrolera. Esta decisión, celebrada por el Gobierno argentino, permite que el país mantenga el control mayoritario de la empresa mientras se tramita la apelación, sin necesidad de ofrecer garantías adicionales ni otros activos.

El fallo de Preska, emitido el 30 de junio, había determinado que Argentina debía transferir las acciones a los fondos Burford Capital y Eton Park, quienes reclaman una indemnización de 16.000 millones de dólares más intereses por supuestas irregularidades en el proceso de expropiación de YPF en 2012. La defensa argentina presentó una cautelar y apeló la decisión, logrando que la Corte suspendiera la entrega de los papeles de la petrolera hasta que se resuelva la apelación de fondo, prevista para mediados de 2026.

La Procuración del Tesoro de la Nación expresó que "esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos". Además, el tribunal aceptó la participación del Departamento de Justicia de Estados Unidos como amicus curiae, respaldando la postura argentina y argumentando que embargar las acciones violaría la Ley de Inmunidad Soberana de ese país.

El litigio se originó tras la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Burford Capital financió la demanda, alegando que Argentina no realizó la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que exige el estatuto de YPF cuando se adquiere más del 15% de las acciones. El caso no discute la legitimidad de la expropiación, sino el procedimiento seguido por el Estado argentino.

El Gobierno argentino, bajo la gestión de Javier Milei, destacó el uso de todas las herramientas legales disponibles para resguardar los derechos e intereses de los ciudadanos. Sin embargo, algunos especialistas señalaron que declaraciones oficiales podrían haber favorecido a los demandantes. La próxima fecha clave en el proceso será el 25 de septiembre, cuando se presenten los escritos para la apelación formal, seguida de audiencias en octubre. La resolución final podría conocerse recién a mediados de 2026, mientras Argentina mantiene el control de YPF.