La Justicia bonaerense dictó un fallo histórico que marca un antes y un después en la inclusión escolar de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Argentina. El Juzgado de Garantías del Joven N°3 de La Plata resolvió a favor de la familia del arquero Rodrigo Rey, quien junto a su pareja había denunciado la exclusión de sus hijos, Benicio y Renata, del Instituto José Manuel Estrada de City Bell para el ciclo lectivo 2025.

El tribunal consideró que la decisión del colegio constituyó un caso de discriminación indirecta, generando un impacto desproporcionado por motivos de discapacidad. En consecuencia, ordenó a la institución garantizar la continuidad escolar de ambos hermanos hasta la finalización de sus ciclos educativos, así como realizar los ajustes razonables necesarios para la efectiva inclusión de Benicio, diagnosticado con TEA.

Además, el fallo dispone la implementación de capacitaciones obligatorias en discapacidad y derechos humanos para todo el personal docente y directivo, como garantía de no repetición de este tipo de actos. La resolución judicial subraya que la inclusión educativa debe primar sobre los reglamentos internos de las escuelas, estableciendo la obligación de capacitar equipos docentes en discapacidad y autismo como condición indispensable para garantizar los derechos de los estudiantes.

El conflicto se inició en octubre de 2024, cuando la familia Rey fue notificada de que el colegio no renovaría las matrículas para el ciclo lectivo 2025. Los padres interpretaron esta decisión como un claro acto de discriminación y una vulneración al derecho a la educación inclusiva. Tras meses de reclamos, el amparo presentado por la pareja fue acogido por la Justicia, marcando un significativo avance en la defensa de los derechos de las familias con niños con TEA en Argentina.

Expertos en educación inclusiva y organizaciones como TEActiva celebraron el fallo, destacando que "la igualdad y la no discriminación prevalecen sobre los reglamentos internos de escuelas privadas". El caso Rey podría convertirse en una referencia judicial para futuras situaciones de discriminación por discapacidad en el ámbito escolar, impactando positivamente en miles de familias que enfrentan obstáculos similares en todo el país.

El dictamen llega en un contexto de creciente diagnóstico de TEA en Argentina, donde muchas familias denuncian dificultades para acceder a una escolaridad inclusiva pese a la legislación vigente. La resolución judicial representa un avance significativo en la protección de los derechos de los niños con neurodiversidad y en la construcción de entornos educativos verdaderamente inclusivos.