La Matanza atraviesa una crisis de violencia narco que se ha profundizado en los últimos meses, alcanzando niveles alarmantes tras el triple femicidio de tres jóvenes oriundas del distrito, asesinadas en Florencio Varela en un hecho vinculado al narcotráfico. Este crimen, que conmocionó al país, puso en evidencia la ausencia de respuestas estatales y la creciente influencia de bandas criminales en los barrios más vulnerables del conurbano bonaerense.

Según datos del Ministerio Público bonaerense, La Matanza lidera el ranking de homicidios relacionados con el narcotráfico en la provincia, con 143 casos registrados en 2024, de los cuales 29 estuvieron directamente ligados a la comercialización de estupefacientes. El distrito, con una población de 1,8 millones de habitantes, enfrenta una situación de alta vulnerabilidad, donde la falta de inversión estatal y la reducción de fuerzas federales han dejado a la población expuesta al avance de organizaciones criminales.

El secretario de Planificación Estratégica de La Matanza, Miguel Saredi, denunció que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó retirar a más de la mitad de los efectivos de Gendarmería que operaban en el distrito, lo que, según él, dejó a la población "sola en la lucha contra el narcotráfico". Saredi remarcó que el narcotráfico es "el padre de todos los delitos" y que la falta de control alimenta una cadena de violencia que golpea especialmente a los sectores más vulnerables.

Expertos y exjueces, como Alfredo Drocchi, advierten que la provincialización del combate al narcomenudeo ha sido un "gravísimo error", facilitando la corrupción y debilitando las investigaciones federales. Drocchi relató que la aparición de cuerpos descuartizados se ha vuelto recurrente en La Matanza, reflejando la naturalización del horror y la brutalidad de las bandas narco, que compiten por demostrar quién es más violento para infundir terror y mantener el control territorial.

La fiscal Mónica Cuñarro, por su parte, subrayó la necesidad de una política de Estado transversal y coordinada, que involucre a todas las fuerzas policiales y al sistema de justicia, además de la cooperación internacional. Cuñarro criticó la falta de control sobre los actores vinculados al narcotráfico y el lavado de dinero, señalando que el dinero ilícito termina mezclándose con la economía formal y que la lucha contra el narcotráfico debe ser asumida independientemente del color político que gobierne.

La Iglesia y organizaciones sociales también han reclamado políticas públicas y contención para los sectores más vulnerables, advirtiendo que la retirada del Estado condena indirectamente a muchos a la muerte. El triple femicidio de las jóvenes matanceras en Florencio Varela, ligado directamente al entramado narco, refleja el costo humano de la ausencia estatal y confirma que las advertencias sobre el abandono de las fuerzas federales en el distrito se han traducido en tragedias que podrían haberse evitado.

La situación en La Matanza evidencia la urgencia de políticas integrales y coordinadas para enfrentar el avance del narcotráfico y proteger a las comunidades más afectadas, en un contexto de creciente desigualdad y fragmentación social.