La abogada Silvina Martínez presentó ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires un pedido formal para impugnar las denominadas candidaturas testimoniales, en vísperas de las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre. Martínez argumenta que esta práctica, defendida principalmente por el peronismo, implica que intendentes y funcionarios se postulan a cargos legislativos sin intención real de asumirlos, lo que, según su presentación, vulnera el principio de buena fe electoral y el derecho ciudadano a un voto informado.

En su escrito, Martínez solicita que los candidatos señalados presenten una declaración jurada comprometiéndose a asumir el cargo en caso de resultar electos. Entre los nombres mencionados figuran Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Ishii (José C. Paz) y la vicegobernadora Verónica Magario, entre otros. La abogada sostiene que la mayoría de estos candidatos han anunciado, pública o tácitamente, que no asumirán los cargos para los que se postulan, lo que considera una estrategia para reforzar listas y asegurar el control de sus distritos.

Algunos intendentes, como Mayra Mendoza (Quilmes) y Mariano Cascallares, han declarado públicamente su voluntad de asumir en caso de ser electos, lo que, según Martínez, refuerza las sospechas sobre el resto de las postulaciones. Por su parte, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defendió la legalidad de las candidaturas testimoniales, afirmando que "se ha hecho mil veces" y que no están prohibidas por la ley. Bianco argumentó que la estrategia busca poner a los candidatos más competitivos para una elección clave y que la práctica es común en la política argentina.

La controversia sobre las candidaturas testimoniales no es nueva. En 2009, la Cámara Nacional Electoral ya se había pronunciado sobre el tema, señalando que el principio de buena fe electoral exige que quienes se postulan lo hagan con intención efectiva de cumplir el mandato conferido por el voto popular. Sin embargo, la Cámara también aclaró que no podía impedir candidaturas solo por la sospecha de que los postulantes no asumirían.

El debate sobre la legitimidad y el impacto de las candidaturas testimoniales sigue abierto, con posturas encontradas entre oficialismo y oposición. Mientras algunos sectores las consideran una maniobra política que engaña al votante, otros defienden su legalidad y utilidad en el armado electoral. La resolución de la Junta Electoral bonaerense será clave para definir el futuro de estas postulaciones y su influencia en la representación política de la provincia.