La planta de Cerámicas ILVA, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, despidió a 300 trabajadores y cesó sus actividades, profundizando la crisis que atraviesa la industria ceramista en la provincia de Buenos Aires. El cierre, comunicado a través de telegramas de despido enviados el lunes, fue justificado por la empresa en una supuesta crisis económica y una fuerte caída de ventas, en línea con la recesión que afecta al sector manufacturero argentino.

La compañía aplicó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que le permite abonar solo el 50% de las indemnizaciones, una medida que fue rechazada por los delegados gremiales y que podría sentar un precedente para otros conflictos similares. Los trabajadores, acompañados por la Federación Obrera Ceramista, mantienen un acampe frente a la fábrica, denunciando un lockout patronal y exigiendo la reincorporación de los despedidos, así como el pago íntegro de salarios y aguinaldos.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires intervino en el conflicto y dictó la conciliación obligatoria por 15 días, con el objetivo de abrir una instancia de negociación. Sin embargo, la empresa no se presentó a la primera audiencia, lo que incrementó la incertidumbre entre los empleados y sus familias. Una nueva audiencia fue fijada, pero el futuro de los puestos de trabajo sigue siendo incierto.

El caso de ILVA no es aislado. En los últimos meses, otras plantas cerámicas de la provincia, como Cerro Negro en Olavarría y Cortines en Luján, también enfrentaron despidos masivos, suspensiones y procedimientos preventivos de crisis. Según datos sindicales y oficiales, la producción industrial cayó un 9,4% en 2024 y se perdieron cerca de 82.000 empleos privados en el sector, afectados por la caída de la demanda interna, la paralización de la obra pública, el aumento de costos y la apertura de importaciones.

Los trabajadores de ILVA sostienen que, pese a la crisis, la empresa realizó inversiones recientes en maquinaria, lo que alimenta la sospecha de que el cierre responde a una estrategia de reestructuración y reducción de personal bajo nuevas condiciones laborales. El sindicato advierte que la utilización del artículo 247 para pagar la mitad de las indemnizaciones podría marcar un precedente negativo para el resto de la industria.

El conflicto en Pilar genera preocupación en la comunidad local y en el sector industrial bonaerense, por su impacto social y laboral. Mientras tanto, los trabajadores continúan su acampe y esperan que la conciliación obligatoria permita revertir los despidos y garantizar la continuidad de sus fuentes de trabajo.