El paro nacional de colectivos convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) paralizó el transporte público en gran parte de Argentina durante 24 horas, afectando a millones de usuarios. La medida, que comenzó el martes y concluyó a la medianoche del miércoles, fue impulsada por la falta de acuerdo en las negociaciones salariales entre el gremio, las empresas del sector y el Gobierno nacional.

La UTA exige un aumento del salario básico de $1.200.000 a $1.700.000, mientras que las empresas ofrecieron un incremento escalonado del 6%, propuesta que fue rechazada por el sindicato. "De ser necesario, profundizaremos las medidas si las empresas y los funcionarios no nos quieren escuchar", advirtió la UTA en un comunicado.

El paro tuvo un impacto dispar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde algunas líneas, como las operadas por la empresa DOTA, continuaron funcionando debido a que no adhirieron a la medida. En contraste, en provincias como Jujuy, Corrientes y Santa Fe, el paro fue total. En otras regiones, como Córdoba y Mendoza, el acatamiento fue parcial.

El Gobierno calificó el paro como "extorsivo" y advirtió que intimará a las empresas que no cumplieron con los servicios mínimos establecidos por la normativa vigente. Además, señaló que el reclamo gremial del 40% de aumento "supera ampliamente las pautas oficiales".

El conflicto también estuvo marcado por tensiones internas en el gremio. La UTA enfrenta divisiones con sectores como la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), que no se sumaron al paro y mantienen vínculos con empresas como DOTA. Estas diferencias reflejan una lucha por el control del sector y estrategias divergentes en la negociación salarial.

Durante la jornada de paro, se reportaron incidentes aislados, como ataques a colectivos que no adhirieron a la medida. En uno de los casos, un colectivo de la línea 57 sufrió piedrazos y pinchaduras de neumáticos en el Acceso Oeste, aunque no se registraron heridos.

El contexto económico y social agrava el conflicto. La discusión salarial de los colectiveros se enmarca en un escenario de alta inflación y un intento del Gobierno por mantener un techo salarial del 1% mensual en las paritarias. Este paro ocurre semanas después de que la UTA decidiera no adherir a un paro general de la CGT, lo que generó críticas dentro del movimiento sindical.

La UTA ha advertido que podría convocar a un paro por tiempo indeterminado si no se atienden sus demandas. Mientras tanto, el Gobierno busca evitar una escalada del conflicto, aunque las negociaciones parecen estar lejos de una resolución. Los usuarios, por su parte, enfrentan las consecuencias de un sistema de transporte en crisis, con incertidumbre sobre el futuro del servicio.