El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la declaración de emergencia y zona de desastre para Bahía Blanca y Coronel Rosales, tras las devastadoras inundaciones del 7 de marzo de 2025. La medida, que tendrá una vigencia de 180 días, busca asistir a las familias afectadas y reconstruir las áreas dañadas mediante un fondo especial de $200 millones.

El proyecto, impulsado por los senadores Juliana Di Tullio, Wado de Pedro y Maximiliano Abad, fue presentado en la Cámara Alta tras modificaciones respecto a una iniciativa previa aprobada en Diputados. La propuesta incluye subsidios y créditos para la reconstrucción de viviendas, reparación de infraestructura pública y normalización de servicios esenciales.

Durante el debate, la senadora Di Tullio destacó: “El esfuerzo gigantesco que hacen los bahienses día a día para reconstruir su vida tiene que estar acompañado con la fuerza de una ley del Congreso. Por eso estamos acá, y los bahienses tienen que saber que están siendo acompañados por el Poder Legislativo”. Además, hizo un llamado al Gobierno Nacional para reflexionar sobre la importancia de abordar el cambio climático.

Por su parte, el senador Maximiliano Abad enfatizó la necesidad de medidas concretas para reactivar la economía local, incluyendo incentivos fiscales y líneas de crédito específicas. “La producción, el comercio, los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas necesitan apoyo para recuperarse. La inversión en educación, salud y seguridad también debe ser prioritaria”, señaló.

El decreto del Ejecutivo Nacional del 31 de marzo ya había establecido un régimen de subsidios para los residentes de las viviendas dañadas. Sin embargo, los legisladores coincidieron en que aún queda mucho por hacer para atender las necesidades de las familias afectadas.

Las inundaciones del 7 de marzo dejaron un saldo devastador en Bahía Blanca y Coronel Rosales, con pérdidas humanas y daños materiales millonarios. Este tipo de fenómenos pone en evidencia la urgencia de implementar políticas preventivas frente al cambio climático y mejorar la planificación urbana.

La aprobación de esta ley representa un paso importante hacia la recuperación de las zonas afectadas, aunque su implementación efectiva dependerá de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la cooperación público-privada. Los próximos meses serán clave para evaluar el impacto de estas medidas y garantizar que lleguen a quienes más lo necesitan.