El PAMI, la obra social de los jubilados en Argentina, se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción que involucra a la gestión de La Libertad Avanza (LLA). Viviana Aguirre, exfuncionaria del organismo y diputada suplente de LLA, denunció una serie de irregularidades que incluyen coimas, sobreprecios, extorsión a empleados y desvío de fondos para fines políticos.

Aguirre señaló directamente a Sebastián Pareja, armador bonaerense de LLA, como el principal responsable de estas maniobras. Según la denunciante, se pedían retornos de hasta un millón de pesos mensuales a funcionarios, además de exigir a empleados de PAMI y ANSES en provincias como Chaco, Misiones y Santa Cruz que entregaran hasta el 25% de sus salarios. Estas prácticas habrían sido utilizadas para financiar campañas políticas y fortalecer la estructura partidaria de LLA en el interior del país.

La exfuncionaria afirmó que fue cesanteada por negarse a participar en estos actos de corrupción y presentó pruebas como grabaciones y documentos ante la Justicia. "Nos usaron para la campaña y después nos desvincularon. La casta sigue adentro", declaró Aguirre, quien también acusó a Javier Milei, presidente de Argentina, de ignorar sus denuncias.

El escándalo no se limita a las denuncias de Aguirre. Exfuncionarios y prestadores de salud han señalado irregularidades en las compras del PAMI, incluyendo adquisiciones sin licitación y sobreprecios de hasta el 700%. En Chaco, la Justicia Federal investiga un esquema de recaudación que habría obligado a empleados a entregar parte de sus haberes bajo amenaza de perder sus empleos.

El impacto de estas denuncias es amplio. Prestadores de salud han advertido que el sistema está al borde del colapso debido a retenciones indebidas y falta de actualización en los honorarios. Mientras tanto, la interna política dentro de LLA se intensifica, con acusaciones cruzadas entre sus líderes y llamados a auditorías para esclarecer los hechos.

Este caso pone en jaque la gestión de LLA en el PAMI y podría tener repercusiones significativas tanto en el ámbito político como en la confianza pública hacia el organismo. La Justicia continúa investigando, y se esperan nuevas revelaciones en los próximos días.