La Justicia argentina avanza en la investigación del escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que involucra a empresarios y funcionarios cercanos al presidente Javier Milei. El fiscal federal Eduardo Taiano identificó transferencias de casi un millón de dólares en USDT a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, realizadas días antes del lanzamiento de $LIBRA, y sospecha que estos movimientos podrían constituir pagos indirectos a funcionarios públicos.

Según documentos judiciales, los fondos fueron recibidos el 4 de febrero de 2025, apenas diez días antes de que Milei promocionara la criptomoneda en redes sociales. La fiscalía sostiene que estas operaciones forman parte de una maniobra delictiva, y ordenó el congelamiento de los activos involucrados. Sin embargo, los empresarios lograron mover parte de los fondos a Ethereum, una criptomoneda que, a diferencia de las stablecoins como USDT, no puede ser bloqueada por orden judicial debido a la ausencia de una autoridad central.

La investigación también reveló que Novelli y Terrones Godoy realizaron más de diez visitas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos entre enero de 2024 y enero de 2025, coincidiendo en varias ocasiones con Hayden Mark Davis, otro de los investigados. Además, se detectó la apertura de cajas de seguridad en el Banco Galicia el mismo día de la acreditación de fondos sospechosos, y el retiro de dinero por parte de familiares de Novelli tras el colapso de $LIBRA.

Expertos en criptomonedas, como Fernando Molina, han colaborado con la Justicia para rastrear los movimientos en la blockchain y han señalado la sofisticación de las maniobras, que incluyeron la conversión de activos y el uso de múltiples plataformas internacionales. La jueza María Servini dispuso el congelamiento de los fondos en varias billeteras, logrando bloquear parte de los activos, aunque una fracción significativa fue transferida a Ethereum, complicando el decomiso.

El caso $LIBRA pone en evidencia los desafíos legales y técnicos que enfrenta la Justicia argentina para rastrear y recuperar activos digitales en investigaciones de corrupción y lavado de dinero. La posible implicación de figuras públicas y la complejidad de las operaciones generan preocupación sobre el impacto institucional y la confianza en el sistema político y financiero.