El conflicto entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha alcanzado un punto crítico. Tras el fracaso de las negociaciones paritarias y el vencimiento del período de conciliación obligatoria dictado por el Gobierno nacional, la UTA evalúa la posibilidad de realizar un paro de colectivos de 48 horas que afectaría a 300 líneas.

El gremio reclama un aumento del salario básico de los choferes, que actualmente es de $1.200.000, a $1.700.000. Sin embargo, las cámaras empresariales argumentan que el sector enfrenta un déficit operativo del 40%, debido a un esquema de tarifas y subsidios que consideran insuficiente. En la última reunión, las empresas ofrecieron bonos no remunerativos y un salario básico de $1.270.000, propuesta que fue rechazada por la UTA al considerarla insuficiente frente a una inflación mensual del 3-4%.

El conflicto se desarrolla en un contexto de congelamiento tarifario desde agosto, lo que ha exacerbado las dificultades financieras de las empresas. Según datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el costo real del boleto sin subsidios sería de $1.596,40, mientras que los usuarios pagan un promedio de $371,13. Este desbalance ha llevado a las empresas a depender de subsidios estatales que, según afirman, no son suficientes para cubrir los costos operativos.

La UTA ya está legalmente habilitada para tomar medidas de fuerza, y una última reunión virtual está programada para hoy. Sin embargo, las expectativas de un acuerdo son bajas. De concretarse el paro, la medida afectaría especialmente los días jueves 1 y viernes 2 de mayo, coincidiendo con el feriado del Día del Trabajador y una movilización de la CGT en rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional.

El Gobierno, por su parte, ha optado por no intervenir directamente en el conflicto, argumentando que se trata de una negociación entre privados. No obstante, su rol en la definición de tarifas y subsidios lo coloca en el centro de las críticas tanto de las empresas como del sindicato.

Los usuarios serán los más afectados por la interrupción del servicio, especialmente en un fin de semana largo. La última medida de fuerza de esta magnitud ocurrió en 2023, también en el marco de un reclamo salarial, y fue suspendida tras una conciliación obligatoria que permitió una recomposición parcial de haberes.

El desenlace de este conflicto dependerá de la reunión de hoy, pero las tensiones acumuladas indican que un paro es altamente probable. La situación pone de relieve las dificultades estructurales del sistema de transporte público en el AMBA y la necesidad de soluciones de fondo que equilibren las demandas salariales, las tarifas y los subsidios estatales.