La controversia por el financiamiento de la campaña presidencial de Patricia Bullrich en 2023 tomó relevancia nacional tras la confirmación, por parte de la Cámara Nacional Electoral, de un aporte de 400 mil pesos realizado por Alejandra Bada Vázquez, directora de Lácteos Vidal. El registro oficial, accesible públicamente, detalla la transferencia electrónica efectuada el 18 de julio de 2023 desde el Banco Supervielle a nombre de Bada Vázquez, destinada a la coalición Juntos por el Cambio.

A pesar de la evidencia documental, tanto Bullrich como Bada Vázquez han negado públicamente la existencia de dicho aporte, argumentando que se trata de una campaña de desprestigio y que no existen vínculos con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, la Justicia Federal y Electoral investiga posibles conexiones entre Lácteos Vidal, Machado y el financiamiento político, en el marco de denuncias que involucran transferencias millonarias y sociedades offshore vinculadas a la familia Bada Vázquez.

El conflicto se enmarca en una disputa de larga data entre Lácteos Vidal y el gremio Atilra, que acusa a la empresa de violencia laboral, despidos persecutorios y fraude, además de señalar la posible triangulación de fondos ilícitos. El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, apoyado por Bullrich y otros referentes políticos, ha sido utilizado para criminalizar la protesta sindical y defender a la empresa frente a las acusaciones.

Mientras la investigación avanza en distintos fueros judiciales, las partes involucradas mantienen posturas opuestas: el sindicato y sectores opositores exigen esclarecer el origen de los fondos y los vínculos con el narcotráfico, mientras la empresa y Bullrich insisten en su inocencia y denuncian persecución política y mediática. El caso pone en evidencia la compleja relación entre poder económico, política y seguridad en Argentina, y podría tener implicaciones significativas en el escenario electoral y judicial.