En un episodio que ha generado controversia, Santiago Caputo, asesor presidencial de Javier Milei, fue acusado de intimidar al fotógrafo Antonio Becerra durante un debate de candidatos en la Ciudad de Buenos Aires. Según testigos, Caputo fotografió la credencial del reportero gráfico, un gesto que ha sido interpretado como intimidatorio por diversos sectores políticos y mediáticos.

El incidente ocurrió en el marco del debate legislativo porteño, donde Becerra realizaba su labor periodística. Facundo Manes, diputado de la UCR, presentó una denuncia contra Caputo, argumentando que este acto forma parte de un patrón de conductas intimidatorias. "Cuando era retratado, alzó su mano para tapar la lente de la cámara, tomó el carnet del periodista para ver sus datos de acreditación y le sacó una foto con su teléfono inteligente", detalló Manes en su denuncia.

Por su parte, el gobierno defendió a Caputo. Manuel Adorni, vocero presidencial, minimizó el incidente, afirmando que el asesor simplemente quería verificar la calidad de las fotos. "Si vos me sacás una foto a mí, estoy en todo mi derecho de sacarte una foto", declaró Adorni en una conferencia de prensa.

El episodio ha generado una ola de repudios en la Legislatura porteña. Legisladores de Unión por la Patria y la UCR presentaron proyectos de declaración condenando el acto, señalando que representa una amenaza a la libertad de prensa y a los valores democráticos. "Este episodio se inscribe en un patrón de comportamientos intimidatorios que resultan preocupantes", afirmó Victoria Montenegro, diputada de Unión por la Patria.

El contexto no es menor. Según un informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), los ataques al periodismo han aumentado un 53% en los últimos dos años. Este incidente se suma a una serie de tensiones entre el gobierno de Milei y los medios de comunicación, marcadas por discursos estigmatizantes y confrontaciones públicas.

El debate sobre la libertad de prensa en Argentina sigue abierto, y este episodio pone de relieve las tensiones entre el poder político y los medios. Mientras tanto, el fotógrafo Antonio Becerra no ha presentado una denuncia formal, aunque el caso ya ha escalado en el ámbito político y judicial. La situación plantea interrogantes sobre el respeto a los valores democráticos y la protección de los derechos de los trabajadores de prensa.