Felicitas Alvite, conocida como "la Toretto", fue trasladada al penal de mujeres de Magdalena tras cumplir el plazo legal de seis meses en la alcaidía de Melchor Romero. La joven de 20 años enfrenta cargos por homicidio tras atropellar a un motociclista durante una picada en abril del año pasado. La decisión fue tomada por el juez Claudio Bernard, quien determinó que debía ser alojada en una cárcel común, sin aislamiento especial.

El traslado, realizado el 24 de abril, marcó un cambio significativo en la situación de Alvite, quien en Melchor Romero estaba cerca de su familia y había establecido vínculos con otras internas. En Magdalena, se le asignó la celda 6 del pabellón de planta baja, donde convive con otras ocho reclusas. Según informes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Alvite ha mostrado una convivencia sana y un trato respetuoso con el personal penitenciario. Además, recibe asistencia psicológica y psiquiátrica, y ha manifestado interés en cursar una carrera terciaria.

Sin embargo, el penal de Magdalena ha sido objeto de denuncias por parte de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que ha señalado graves irregularidades, como celdas de sujeción mecánica, falta de medicamentos y condiciones de alojamiento precarias. Estas denuncias han generado preocupación sobre el impacto que estas condiciones podrían tener en las internas, incluida Alvite.

El caso judicial de Alvite ha estado marcado por decisiones contradictorias. En diciembre, la Cámara de Casación dictaminó que debía esperar el juicio en prisión domiciliaria, pero la medida fue apelada por la familia de la víctima. Aunque se espera que Casación confirme la domiciliaria, la falta de un plazo establecido para resolver la apelación ha dejado a Alvite en una situación de incertidumbre.

El abogado de Alvite, Flavio Gliemmo, criticó la demora en la implementación de la prisión domiciliaria, calificándola de injustificada. Por otro lado, la familia de la víctima ha insistido en que Alvite permanezca en prisión, argumentando que la domiciliaria sería insuficiente para la gravedad del delito.

El traslado de Alvite y las condiciones del penal de Magdalena han reavivado el debate sobre el sistema penitenciario y las garantías procesales en casos de alto perfil. Mientras tanto, el caso sigue en desarrollo, con implicaciones tanto legales como sociales.