El Senado argentino rechazó este jueves, por una abrumadora mayoría, el veto presidencial a la ley de reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una iniciativa impulsada por los gobernadores para garantizar la distribución equitativa de fondos estatales entre las provincias. La votación, que culminó con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, representa un hecho histórico: hacía 22 años que el Congreso no desestimaba un veto presidencial.

La ley, aprobada previamente con amplio consenso opositor, busca revertir parte del ajuste fiscal impuesto por el Ejecutivo y eliminar la discrecionalidad en el manejo de los ATN, recursos destinados a atender emergencias y desequilibrios financieros provinciales. "No estamos haciendo ningún golpe institucional, Milei debe entender que están en un país con división de poderes", expresó el senador Pablo Blanco durante el debate, mientras que otros legisladores subrayaron la necesidad de fortalecer el federalismo y garantizar servicios básicos como salud y educación.

El oficialismo, encabezado por Ezequiel Atauche, defendió el veto argumentando que la medida podría poner en riesgo el equilibrio fiscal y dejar a las provincias vulnerables ante emergencias. "Este Senado, una vez más, le da la espalda a los argentinos, va en contra de la estabilidad y del programa económico", sostuvo Atauche, mientras el presidente Milei reiteró en redes sociales su postura de que el equilibrio fiscal es "un principio no negociable".

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, destacó la importancia del diálogo entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores, llamando a priorizar el bienestar ciudadano por encima de las disputas políticas. "Tenemos que tratar que a la Argentina le vaya bien. No podemos apostar a que a alguien le vaya mal para que yo pueda ganar una elección", afirmó.

El rechazo al veto se produce en un contexto de crisis económica y tensiones políticas, con la caída del peso y la proximidad de las elecciones legislativas. La ley de ATN, junto a otros reveses parlamentarios recientes para el Gobierno, como el rechazo a leyes de financiamiento universitario y hospitalario, evidencia el creciente contrapeso institucional y la demanda de mayor autonomía provincial. El futuro de la ley dependerá ahora de su ratificación en la Cámara de Diputados, mientras diversos actores llaman a mantener el diálogo y evitar la confrontación institucional.