El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) atraviesa una de las peores crisis de su historia, dejando a miles de afiliados sin cobertura médica esencial en todo el país. El déficit financiero, que supera los $200.000 millones, ha provocado la suspensión de servicios médicos, la baja de prestadores clave y el colapso de hospitales militares y municipales.

Desde septiembre, la obra social ha dado de baja a numerosos prestadores en áreas críticas como diagnóstico por imágenes, cardiología y pediatría, afectando a militares activos, retirados, voluntarios, civiles y sus familias. "Los afiliados quedamos a merced de hospitales desbordados. No hay médicos, no hay insumos. Es una estafa a quienes aportamos el doble que cualquier trabajador común", expresó un beneficiario a Realpolitik.

En ciudades como Bahía Blanca y Punta Alta, donde la mayoría de la población depende de IOSFA, la situación es especialmente grave. Hospitales como el HAM y el Italiano han suspendido la atención a afiliados por falta de pago, mientras que farmacias reportan una caída drástica en la venta de medicamentos y una reducción en la cobertura. "El sistema de salud de Punta Alta puede colapsar en cualquier momento", advirtió Néstor Moriggia, de ATE.

El Directorio de IOSFA y gremios han denunciado irregularidades en la gestión, préstamos a tasas elevadas y falta de transparencia en la administración de fondos. El Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, ha ordenado auditorías y la presentación de denuncias judiciales por presuntas irregularidades en contrataciones y sistemas informáticos.

Afiliados de todo el país se han manifestado y presentado recursos de amparo para exigir la restitución de servicios y medicamentos. "Hace meses ponen parches a los problemas económicos y no hay soluciones médicas ni con los medicamentos. Está cortada prácticamente en todo el país", relató un afiliado en Paraná.

La crisis de IOSFA pone en jaque el derecho a la salud de más de 650.000 personas y plantea serios interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema y la responsabilidad de las autoridades. El futuro de la obra social dependerá de la capacidad del Gobierno para resolver el déficit, transparentar la gestión y garantizar la cobertura a sus afiliados.