El gobierno de Javier Milei atraviesa una de sus semanas más críticas tras la filtración de audios que involucran al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a figuras centrales del oficialismo como Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem. Los audios, que denuncian presuntas coimas y sobreprecios en contrataciones estatales, han generado una crisis interna que se profundiza con la aparición de grabaciones atribuidas a la hermana presidencial, aumentando la tensión y la desconfianza dentro de La Libertad Avanza.

La investigación judicial, liderada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, avanza con allanamientos en la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, mientras el gobierno intenta contener el daño con una mesa de crisis que articula la estrategia comunicacional y política. Sin embargo, la reacción oficial ha sido errática: si bien se admite la existencia de los audios, se niegan los hechos denunciados y se atribuye la filtración a una operación política impulsada por sectores internos y externos.

El impacto en la imagen del gobierno es significativo. Según sondeos encargados por la Casa Rosada, la aprobación presidencial cayó cinco puntos tras el escándalo, y la campaña electoral bonaerense se ve afectada por la desconfianza y el desánimo en la militancia. La violencia registrada en la caravana de Milei en Lomas de Zamora, atribuida a militantes peronistas, y los incidentes en Corrientes, han evidenciado la polarización política y la fragilidad de la seguridad presidencial, generando preocupación por la capacidad del gobierno para controlar el territorio y garantizar la integridad de sus principales figuras.

En paralelo, la crisis expone las disputas internas entre Karina Milei, Santiago Caputo y los Menem, debilitando la cohesión del oficialismo y poniendo en duda la promesa de Milei de terminar con la corrupción. El escándalo coincide con dificultades económicas, como la suba del riesgo país, la caída de bonos y la presión sobre el dólar, lo que agrava el malestar social y la volatilidad electoral.

La oposición y sectores internos del oficialismo exigen explicaciones y advierten sobre el impacto electoral del caso, mientras Spagnuolo evalúa presentarse como arrepentido, lo que podría complicar aún más la situación judicial. El PRO y otros aliados han optado por distanciarse, y la campaña oficialista pierde fuerza y apoyo en un contexto de creciente rechazo y desconfianza. El desenlace de la crisis y sus implicancias futuras dependerán del avance de la investigación y de la capacidad del gobierno para recomponer su imagen y cohesión interna.