El Gobierno argentino oficializó la transformación de la Casa de la Moneda en una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.), según el decreto 295/2025 publicado el 30 de abril de 2025 en el Boletín Oficial. Esta medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, forma parte de un plan más amplio de reorganización del sector público, enmarcado en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que declaró la emergencia pública en múltiples áreas hasta diciembre de 2025.

La Casa de la Moneda, fundada en 1977, ha sido un pilar en la producción de dinero circulante y documentos oficiales en Argentina. Sin embargo, desde octubre de 2024, la entidad dejó de imprimir billetes y se enfocó en otras actividades como la producción de chapas patentes, pasaportes y servicios de destrucción de billetes. Según el decreto, la institución ahora opera bajo cinco unidades de negocio y mantiene al Estado como único accionista, aunque con un nuevo estatuto jurídico que busca optimizar su eficiencia y flexibilidad operativa.

El interventor Pedro Daniel Cavagnaro, designado en 2024, continuará en su cargo por 120 días más para completar el proceso de transformación. En un informe reciente, Cavagnaro destacó que la entidad enfrenta desafíos como el déficit en la producción de chapas patentes y plásticos para cédulas verdes, lo que ha generado inconvenientes para los usuarios. Para abordar esta problemática, el Gobierno adjudicó la producción de chapas patentes a la empresa Tönnjes Sudamericana S.A., rompiendo el monopolio de la Casa de la Moneda en este ámbito.

La transformación de la Casa de la Moneda ha generado diversas reacciones. Desde el Gobierno, se argumenta que este cambio permitirá una mayor eficiencia y modernización de la gestión estatal. Sin embargo, críticos han expresado preocupación por la posibilidad de una eventual privatización, aunque el Estado sigue siendo el único accionista de la entidad. El nuevo estatuto también amplía el objeto social de la institución, permitiéndole desarrollar actividades como la producción de software y soluciones tecnológicas, tanto a nivel nacional como internacional.

En términos de gobernanza, la sociedad estará dirigida por un directorio de tres miembros y fiscalizada por una comisión de síndicos. El capital social fue fijado en 123.519.854 pesos, dividido en acciones nominativas no endosables, todas suscritas por el Estado nacional. Este cambio jurídico, aunque significativo, no altera por ahora la condición patrimonial de la entidad, que sigue bajo control estatal.