El Gobierno nacional formalizó el inicio del proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de la administración de más de 6.000 kilómetros de rutas nacionales. La decisión, establecida en la Resolución 1284/2025 del Ministerio de Economía y publicada en el Boletín Oficial, marca un nuevo avance en la política de reducción del sector público impulsada por la administración de Javier Milei.

La medida se enmarca en la Ley Bases (27.742) y en los decretos reglamentarios 695/2024, 97/2025 y 416/2025, que incluyen a Corredores Viales S.A. en el listado de empresas sujetas a privatización. El proceso estará coordinado por el Ministerio de Economía, con la participación de la Secretaría de Transporte y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. El plan contempla la rescisión de los contratos de concesión vigentes, la adjudicación de los corredores a nuevos operadores privados y la posterior disolución y liquidación de la empresa estatal.

La resolución instruye a la Secretaría de Transporte a inventariar los bienes que deberán ser restituidos al Ministerio de Economía, elaborar la documentación necesaria para la extinción de contratos, definir la nueva conformación de los tramos de la red nacional, evaluar el estado de las obras e infraestructura y solicitar la rescisión de convenios no prioritarios. Todo el proceso de licitación y adjudicación de las concesiones se realizará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, mientras que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas coordinará las acciones para cumplir con el cronograma, incluyendo la valuación de los flujos de fondos futuros vinculados a la explotación por peaje y la tasación de los bienes de la compañía, tarea que estará a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nación u otro organismo público competente.

El plazo máximo para concretar la adjudicación de los nuevos tramos viales y proceder a la liquidación de la sociedad estatal es de doce meses. Según datos oficiales, al cierre de junio Corredores Viales contaba con 3.307 trabajadores y registró en el primer semestre un superávit financiero de $5.200 millones, lo que le permitió no requerir transferencias del Tesoro Nacional.

La privatización de Corredores Viales S.A. se inscribe en una estrategia más amplia de transformación y reducción del sector público, que incluye liquidaciones, cierres, ventas parciales o totales, fusiones y reestructuraciones de empresas estatales. El proceso impacta directamente en la gestión de la red vial nacional y abre la participación de operadores privados, tanto nacionales como internacionales, en la concesión de rutas y autopistas bajo el régimen de obra pública por peaje.

La medida ha generado preocupación entre los trabajadores y sectores sindicales, quienes advierten sobre el impacto en el empleo y la gestión estatal de rutas. Por su parte, el Gobierno sostiene que la privatización busca mejorar la eficiencia y reducir el gasto público. El proceso es seguido de cerca por actores nacionales e internacionales interesados en la concesión de rutas, mientras se espera que en los próximos meses se definan los nuevos operadores y se concrete la disolución de la empresa estatal.