El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha dado inicio a un ambicioso plan de privatización que abarca ocho empresas públicas estratégicas. Este proceso, respaldado por la Ley Bases, tiene como objetivo reducir el déficit fiscal y atraer inversiones privadas, según informaron fuentes oficiales.

Entre las empresas afectadas se encuentran Enarsa, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales. La estrategia incluye tres modelos de privatización: venta de acciones mediante concursos públicos, ofertas públicas en la bolsa y concesiones. El gobierno asegura que estas medidas no afectarán a los empleados en la primera etapa del proceso.

El decreto 286/2025 marca el inicio de la privatización de Enarsa, una empresa clave en el sector energético. Enarsa gestiona activos estratégicos como gasoductos, represas hidroeléctricas y plantas térmicas. La primera etapa incluye la venta del 50% de Citelec, controlante de Transener, la principal transportadora de energía eléctrica del país. Se estima que esta operación podría generar al menos USD 200 millones.

El titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, lidera el proceso, que busca garantizar el "mejor precio posible" para evitar objeciones futuras. Aunque algunos avances están previstos para este año, el gobierno planea completar el proceso antes de noviembre, cuando debe presentar una hoja de ruta al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La privatización de IMPSA, considerada un caso exitoso, sirve como modelo para estas operaciones. En este caso, una empresa estadounidense asumió las deudas y se comprometió a realizar inversiones significativas. Sin embargo, críticos advierten sobre los riesgos de perder el control en sectores estratégicos y el posible impacto en las tarifas.

El déficit fiscal de las empresas públicas superó los $4 billones en 2024, lo que motivó la decisión de privatizarlas. Además, el gobierno busca cumplir con los compromisos asumidos con el FMI para estabilizar la macroeconomía y atraer inversiones extranjeras.

Empresas locales como Pampa Energía y Pan American Energy ya han mostrado interés en participar en las licitaciones. No obstante, algunas compañías internacionales se muestran cautelosas debido a la inestabilidad económica del país.

La privatización de empresas públicas no es un tema nuevo en Argentina. Ya se intentó en los años 90 y durante el gobierno de Mauricio Macri, aunque con resultados mixtos. Este nuevo proceso promete ser un tema central en la agenda política y económica del país en los próximos meses.