El Ministerio de Salud de la Nación fue aceptado como querellante en la causa que investiga la muerte de al menos 52 pacientes por el suministro de fentanilo contaminado en hospitales de distintas provincias argentinas. La decisión, tomada por el juez federal Ernesto Kreplak, refuerza la intervención estatal en un caso de alto impacto sanitario y alcance nacional.

La investigación, que tramita en el Juzgado Federal 3 de La Plata, se centra en la posible responsabilidad penal del laboratorio HLB Pharma y su fabricante Ramallo, cuyos productos fueron identificados como fuente de las ampollas contaminadas. Según fuentes judiciales, la ANMAT detectó la presencia de bacterias multirresistentes en los lotes de fentanilo, lo que llevó a la prohibición de su venta y a la apertura de la causa judicial.

El Hospital Italiano de La Plata, donde se reportaron las primeras muertes, y centros de salud de Rosario y Santa Fe, también buscan ser parte querellante. En total, se investigan 52-53 muertes, aunque la cifra podría aumentar a medida que se cotejan historias clínicas y se amplía la pesquisa a otros hospitales.

HLB Pharma, por su parte, niega cualquier responsabilidad y denuncia una campaña de desprestigio mediático y competencia desleal. En un comunicado, la empresa sostiene que la contaminación bacteriana es "imposible" en su entorno de laboratorio y que siempre ha cumplido con los protocolos exigidos por la ANMAT y otros organismos reguladores. Además, acusa a competidores de manipular información para obtener beneficios económicos.

Hasta el momento, no hay imputados ni detenidos en la causa. La justicia continúa analizando la documentación secuestrada en allanamientos y espera informes periciales clave para determinar si hubo negligencia, impericia o dolo en la producción y distribución del fentanilo contaminado. El caso ha generado preocupación en el sistema de salud y entre los familiares de las víctimas, que exigen transparencia y sanciones en caso de comprobarse responsabilidades.

El desenlace de la investigación será determinante para establecer las causas de las muertes y definir eventuales sanciones a los responsables, en un contexto de creciente demanda de controles y garantías en la producción de medicamentos en el país.