Federico “Fred” Machado, empresario argentino acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude, será extraditado a Estados Unidos tras la confirmación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Gobierno argentino, siguiendo la instrucción presidencial, activó los procedimientos diplomáticos y administrativos para concretar el traslado, que se realizará en los próximos días desde Viedma a Buenos Aires y, posteriormente, a Texas.

Machado, quien permaneció cuatro años y medio detenido en Argentina, primero bajo arresto domiciliario por problemas de salud mental y luego en prisión federal, enfrenta cargos graves en el Distrito Este de Texas. La justicia estadounidense lo acusa de integrar una red internacional dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de activos, utilizando aviones privados registrados a nombre de empresas extranjeras. Según el Departamento de Justicia de EE.UU., varias de estas aeronaves fueron empleadas por organizaciones criminales para contrabandear grandes cantidades de droga hacia territorio estadounidense.

El proceso judicial argentino incluyó la exigencia de que Estados Unidos compute el tiempo de detención previo de Machado y garantice el respeto por su salud física y mental, conforme a tratados internacionales de derechos humanos. El juez federal Gustavo Villanueva y la Corte Suprema rechazaron los últimos argumentos de la defensa, ratificando la legalidad y reciprocidad del pedido de extradición.

El caso adquirió relevancia política por el vínculo de Machado con José Luis Espert, ex candidato de La Libertad Avanza, quien renunció a su postulación tras confirmarse pagos y servicios recibidos del empresario. La denuncia por lavado de dinero, impulsada por Juan Grabois, derivó en allanamientos y nuevas imputaciones contra Espert, quien sostiene que los fondos recibidos correspondían a servicios profesionales para una empresa minera vinculada a Machado.

Machado intentó frenar la extradición solicitando refugio en Argentina, alegando persecución y discriminación en el sistema judicial estadounidense. Argumentó que las pruebas en su contra eran débiles y que sufrió presiones psicológicas durante el proceso. Sin embargo, su pedido fue desestimado y la extradición avanzó con garantías diplomáticas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la custodia federal de Machado y respondió a críticas opositoras, asegurando la transparencia y seguridad del procedimiento. El Gobierno argentino reafirmó su compromiso con la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos.

La extradición de Machado representa un caso emblemático de colaboración judicial entre Argentina y Estados Unidos, con implicancias políticas y sociales que trascienden el ámbito penal y ponen en debate la transparencia electoral y la protección de derechos humanos en procesos de alto perfil.