El caso judicial y político que involucra a Juan Grabois y José Luis Espert ha escalado en las últimas semanas, en el contexto de las elecciones legislativas nacionales. La controversia se centra en la denuncia presentada por Grabois contra Espert, a quien acusa de haber recibido 200.000 dólares de Fred Machado, empresario actualmente detenido por narcotráfico y lavado de dinero. Espert reconoció el pago, pero aseguró que se trató de una consultoría privada realizada antes de conocer los antecedentes criminales de Machado.

La situación se agravó tras el allanamiento y secuestro del celular de Espert, autorizado por la Cámara de Diputados, y la exigencia de Grabois para que el legislador se someta a la Justicia y renuncie a sus fueros parlamentarios. En paralelo, Grabois enfrenta una causa judicial por usurpación, daño agravado y lesiones a policías, derivada de una toma en el Instituto Perón. El dirigente social ha presentado múltiples recursos para evitar la apertura de su propio celular, argumentando que su presencia en el lugar fue en calidad de abogado y no como dirigente político. Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la de Casación han rechazado sus apelaciones, y el caso podría llegar a la Corte Suprema.

Las declaraciones públicas entre ambos dirigentes han elevado la tensión política. Grabois calificó a Espert de "narco mentiroso" y lo acusó de encubrir actividades ilícitas, mientras Espert defendió su vínculo con Machado y recibió el respaldo del presidente Javier Milei. El caso ha generado preocupación por la posible penetración del narcotráfico en la política argentina y ha puesto en debate la transparencia y la ética de los candidatos.

El escándalo se conecta con otros episodios recientes de narcopolítica, incluyendo denuncias contra figuras de La Libertad Avanza y cuestionamientos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La causa judicial sigue abierta, y la resolución sobre la apertura del celular de Grabois podría tener implicancias en el desarrollo de la investigación y en el futuro político de los involucrados. El impacto del caso se extiende a la campaña electoral, donde la seguridad institucional y la lucha contra el crimen organizado se han convertido en temas centrales del debate público.