La provincia de Santa Fe avanza en la reforma de su Constitución con la incorporación de una cláusula que declara la Caja de Jubilaciones y Pensiones como intransferible, asegurando su permanencia bajo administración provincial y su autonomía frente a posibles transferencias a la Nación. Esta decisión, que será tratada por el pleno de la Convención Constituyente, surge tras intensos debates en la Comisión Redactora y la presión ejercida por gremios estatales, sindicatos y sectores de la oposición.

El nuevo texto constitucional establece que el sistema previsional de los agentes públicos se financiará mediante un mecanismo de reparto solidario de carácter público, y que la administración estará a cargo de un órgano intransferible. Además, se garantiza la movilidad jubilatoria, asegurando la actualización de los haberes, y se declara la intangibilidad de los recursos de la Caja, que no podrán destinarse a otros fines.

El proceso de reforma estuvo marcado por diferencias semánticas y políticas, especialmente en torno a los términos "indelegable" e "intransferible". La oposición y los gremios consideraron fundamental blindar la Caja ante eventuales intentos de transferencia, mientras que el oficialismo, tras negociaciones y consensos, accedió a modificar el dictamen original. "La Caja de Jubilaciones será intransferible y lo va a resguardar nuestra Constitución. Un enorme logro de los trabajadores y jubilados de Santa Fe", celebraron representantes sindicales.

Las protestas y reuniones multitudinarias, como la protagonizada por Amsafé y UPCN, fueron clave para impulsar el cambio. Convencionales de distintos bloques destacaron el consenso alcanzado y la importancia de proteger derechos adquiridos. El PRO, por su parte, mostró resistencia a la inclusión de la intransferibilidad, mientras que el socialismo y la UCR lo consideraron parte de la dinámica democrática y del fortalecimiento institucional.

La reforma constitucional de Santa Fe se interpreta como un mensaje de protección de derechos y autonomía provincial, en un contexto de desconfianza hacia políticas nacionales que podrían afectar el sistema previsional. El debate y el acuerdo alcanzado reflejan la capacidad de diálogo y consenso entre los distintos actores políticos y sociales, y marcan un precedente en la defensa de los intereses provinciales.